PRESENTACIÓN DEL TEMA
Al comenzar, el texto nos ubica en el tema y manifiesta preocupación por “la publicación de contenidos en redes sociales, las responsabilidades emergentes para quienes las mal utilicen o las propicien para calumniar, difamar, denigrar, deshonrar a terceros o divulgar material de índole privada de las personas que comprometan o tiendan a denigrar sus creencias, ideologías y otras acepciones de índoles personalísimas, tanto en el aspecto del Derecho Civil y Comercial como del Penal, otorgando protección judicial y jurisdiccional real, eficiente y suficiente a las potenciales víctimas de delitos o denigraciones públicas, salvaguardando así garantías esenciales otorgadas a todos los ciudadanos argentinos por la Constitución Nacional Argentina”.
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
A la hora de fundamentar las razones de este proyecto, se señala : las redes sociales y, sobre todo, cuando dichas manifestaciones no son simplemente una afirmación deliberada e irresponsable emitida a la red, sino que la misma se hace con una intención subyacente de obtener un beneficio, sacar una ventaja, manipular una opinión o simplemente desinformar a la población aportando datos falsos o apócrifos.
¿Que hacer entonces cuando nos enfrentamos a un abuso del derecho a la libre expresión? Como reaccionar ante la proliferación de datos que dañan a una velocidad infinitamente mayor que la capacidad de reparación que posee el sistema judicial? Cual derecho personal debe ser privilegiado? Y a costa de que principios?
Hace pocos días se conoció en la ciudad de Concordia un fallo del Juez Gabriel Belen que decidió a favor del Sr. Guillermo Schmid, quien había efectuado descalificadoras acusaciones contra el honor, la familia y la persona del reconocido periodista local, Claudio Gastaldi con frases impropias para un medio al que pueden acceder miles de chicos y personas en general.
Dichas difamaciones fueron efectuadas por Schmid a través de un portal de Facebook que responde a la sigla ASEC y que, según la definición del sitio digital, está dirigido a la prevención de la Seguridad en Concordia. Pero posteriormente, los propietarios de la red social ASEC eliminaron todo el contenido digital de las difamaciones publicadas en su muro de Facebook.
Entablada la demanda civil por parte de Gastaldi, el Juez Belen falló a favor de Schmid indicando que no se pudo probar que las afirmaciones –posteriormente borradas- fueron efectivamente efectuadas.
Surge así el interrogante de cómo debe actuar la Justicia ante estos casos de extremo abuso del derecho de libre expresión que desnaturalizan en insultos, calumnias o “escraches” en redes sociales. Asimismo respecto a la responsabilidad que le cabe a quienes emiten opiniones libremente cuando éstas son puramente difamatorias.
Además, e infinitamente peor, es que hacemos los representantes de las instituciones del Estado de Derecho para salvaguardas los posibles abusos que se pueden generar a la luz de una prerrogativa tan cara y tan necesaria para cualquier República, como es el derecho a la información y a la libre expresión.
Surge así la necesidad de solicitar al Ejecutivo Nacional y/o al Congreso de la Nación respecto a la urgencia de efectuar una regulación de fondo para que de modo definitivo, completo y general se promueva la legislación de esta actividad tan naturalizada en la actualidad para la sociedad, pero cuyos horizontes de consecuencias aún están lejos de ser siquiera divisadas, cuando no resueltas.
TODOS SABEN, MENOS BELEN, BELEN NO SABE ¿O SE HACE?
Como dijimos, haciendo caso omiso a la certificación de un ESCRIBANO que dio fe pública de dicha publicación ; obviando documentos públicos (solicitada del directorio de Radio Pública) y pasando por alto que la denuncia fue promovida por un funcionario público, el juez Belen determina que nada de eso es verdad, que la verdad es lo que dice el difamador Schmid que para evitar responsabilidades penales y/o civiles, borró todo.
Con posterioridad a ese fallo, otros actores sociales con responsabilidades institucionales, lo que no es poco decir, salieron al cruce del fallo señalando que ese fallo es peligroso ya que habilita a los difamadores a seguir haciendo de las suyas.
Lo hizo la principal figura política de la ciudad, el Intendente Francolini (que dio por ciertos los escritos difamatorios de Schmid) ; luego fue el turno de concejales, más específicamente del concejal Gallo que opinó en el mismo sentido y ahora la Cámara de Diputados de Entre Ríos que, como se lee, no pone en duda que Schmid es un difamador y que fue el autor de esos escritos infamantes, groseros y violentos.
¿Puede un juez hacer oído sordo a la opinión de toda la ciudad y dictar un fallo que afirma lo contrario a lo que todo el mundo sabe?
