Entre las medidas que caracteriza como “regresivas” para los trabajadores, el escrito enumera “la devaluación y eliminación de los derechos de exportación”, la “apertura económica”, la “desregulación del mercado de capitales” y la “reducción del gasto público”, todos ejes que el propio Presidente señala públicamente como parte de su plan hacia la “pobreza cero”.
“El actual Gobierno, desde su asunción el 10 de diciembre de 2015, desarrolló un conjunto de medidas económicas, sociales, financieras y previsionales que analizadas en su conjunto, materializan un plan sistemático de cambio del patrón de distribución de la riqueza, que causa gravísimas violaciones y restricciones a derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo y la promoción del empleo, consagrado en diferentes convenios y recomendaciones de la OIT”, denuncian los sindicatos en el documento, que será presentado hoy durante la audiencia que Catalano, Yasky y Micheli tendrán con el director de la OIT Argentina, Pedro Furtado.
Entre otras preocupaciones, Furtado escuchará de boca de los dirigentes que desde la llegada de Cambiemos al poder “se vulneran tratados internacionales y derechos garantizados por la Constitución” en función de beneficiar a las patronales del sector agroexportador y financiero, a la par de la “discriminación y la falta de justificativos” con que se dieron los despidos, algo sobre lo que el titular de la organización a nivel mundial, Guy Ryder, insiste públicamente y que se encargó de resaltar en su última visita al país, en diciembre del año pasado.
En sus fundamentos, la denuncia advierte sobre la violación de por lo menos seis de los convenios fundamentales de la OIT, a los que el país suscribe. Entre los principales que cita se encuentra el Convenio 122 sobre el desempleo, que data de la década del 60, y requiere a los Estados miembros que “la política de empleo constituya un elemento esencial de toda política destinada a promover el aumento de los ingresos nacionales y su distribución equitativa”.
Ajuste y represión
En paralelo, cientos de estatales realizarán hoy distintas actividades durante todo el día frente a los ministerios donde hubo despidos a la espera del “jueves negro” de mañana, día límite establecido por el decreto 254/15 firmado por Macri e Ibarra para analizar la situación de cada uno de los 24 mil trabajadores en riesgo de quedar desempleados. Hasta ahora, el número de estatales despedido en el Estado Nacional, las empresas Sociedad del Estado y los organismos descentralizados es de más de ocho mil, y trepa a más de 30 mil si se cuentan los estados provinciales y municipales en todo el país. Por eso, la situación en la que se encuentran miles de despedidos es uno de los ejes centrales de la denuncia. “Quien está desempleado sufre las consecuencias negativas que esta condición produce en la personalidad y corre el riesgo de convertirse en víctima de la exclusión social”, remarca el escrito, que advierte sobre los riesgos sociales que provocó el desempleo en la década del 90.
“Los despidos son el núcleo del ajuste”, describió el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien afirmó que el objetivo de la presentación es lograr un pronunciamiento “a la altura de la gravedad de la situación” durante la próxima asamblea de la OIT, que reunirá a sindicatos de varios países a principios de junio. “Precisamente la OIT condenó fuertemente los despidos masivos en Europa, y esperamos que el Gobierno cambie su actitud si se ve en la misma situación que padecen países como España”, sostuvo.
“La política económica está generando condiciones para el desempleo y mayores niveles de pobreza”, justificó Catalano la medida en diálogo con Página/12. “Hasta ahora, esa es la experiencia que siempre tuvo la Argentina al adoptar este tipo de recetas neoliberales”, explicó. Para el secretario general de ATE Capital, “hasta ahora no hubo una sola medida a favor de los trabajadores”, mientras que, en cambio, “se llegó al límite de utilizar la policía para despedir a los trabajadores”.
Discriminación
“La denuncia es una respuesta de los trabajadores frente a la violación del principio básico de la estabilidad laboral, pero además por la carga de discriminación y persecución política que entrañan varios de los despidos”, sostuvo Yasky. En el escrito se citan textuales del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en los que afirma: “No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis”. El objetivo de denunciar actos de discriminación y persecución política. “Los despidos y el discurso contrario a los trabajadores estatales se ha extendido y generalizado de forma paralela”, explica, “generando una idea extremadamente discriminatoria de que todo trabajador estatal es ñoqui hasta que se demuestre lo contrario”.
