Por su parte el canciller de Argentina, Rafael Bielsa, convocó al embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Meyer, tras conocer la medida del gobierno uruguayo.
La instalación de las plantas papeleras se había decidido por el anterior presidente, Jorge Batlle, y recibió un apoyo sin fisuras del actual Gobierno de Vázquez.
Los diferentes gobiernos uruguayos han considerado este sector como una nueva fuente generadora de puestos de trabajo, ya que la madera saldrá del país prácticamente elaborada.
El domingo, el canciller uruguayo Reynaldo Gargano dijo a la prensa que se tomó la decisión de llamar a consultas al embajador después de las declaraciones hechas por el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, quien aludió a que «a lo mejor había algún incentivo, para que Uruguay aceptara las papeleras».
Gargano calificó de muy graves las afirmaciones y añadió que «Busti traspasó los límites que el gobierno uruguayo considera imprescindible para las buenas relaciones con el vecino país».
«Tenemos que conocer la opinión del Gobierno argentino, si comparte las declaraciones del señor gobernador de Entre Ríos, que constituyen un agravio», subrayó Gargano.
Otra mirada
El diario uruguayo El Observador entiende que el asunto de las papeleras surgió en Entre Ríos, después de que la española ENCE y la finlandesa Botnia decidieran instalarse en Uruguay para producir celulosa a partir de madera obtenida en las plantas que ambas empresas poseen en el país.
En ese sentido afirman que, mientras Uruguay obtenía las inversiones por unos 1.800 millones de dólares, naufragaba en Argentina una plan del gobierno de Entre Ríos para atraer esa industria a la región, tras un decreto de promoción impulsado por el propio Busti.
Posteriormente, grupos ecologistas de Entre Ríos comenzaron sus movilizaciones contra las plantas papeleras que se instalarán en la margen oriental del río Uruguay, límite con los dos países.
A las movilizaciones, una de las cuales se llevó a cabo el pasado fin de semana con la presencia de embarcaciones para simbolizar «un abrazo» del río Uruguay, se sumó en los últimos meses el Gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner.
Vázquez calificó de «inamistosas» algunas actitudes del Gobierno de Buenos Aires.
Las últimas declaraciones Busti parecieron enardecer aún más al presidente uruguayo, quien siempre se presentó como un amigo de Kirchner y de su Gobierno.
Posición unificada
Gargano dijo que las manifestaciones de Busti son un «agravio» no sólo para el Gobierno, «sino para el conjunto de las fuerzas políticas del Uruguay que forman un sólo bloque en torno a la instalación de las plantas», en Fray Bentos, 330 kilómetros al noroeste de Montevideo.
Sobre la autorización para la construcción de las fábricas de celulosa de Botnia y ENCE en Uruguay, Gargano ratificó que se trata de «un acto de soberanía nacional hecho con los cuidados respectivos hacia el medio ambiente y teniendo las garantías de todo tipo, incluida una comisión binacional» con Argentina.
Recalcó que Uruguay siempre trató «el tema con total respeto hacia Argentina, ignorando, hasta ahora, los comentarios que han hecho muchos de sus representantes».
También se mostró molesto por las permanentes acciones que se realizan desde el vecino país, con cierres de puentes internacionales y movilizaciones que intentan bloquear los viajes a Uruguay para hacer «fracasar» la temporada turística del verano austral.
Para el Gobierno uruguayo, la instalación de las plantas papeleras se planificaron con las últimas tecnologías y son consecuencia de la creación de importantes áreas de bosques en el país, muchas veces financiadas por el Banco Mundial y otros organismos multinacionales.
Montevideo asegura que las plantas se construyen de acuerdo con los estándares europeos más avanzados y que son los que se exigirán a partir de 2007 para la industria papelera en aquel continente.
Sostiene que la oposición de Argentina, con varias papeleras muy antiguas y que arrojan sus desechos al río Paraná, que, junto con el río Uruguay, forma el estuario del Plata, no se debe a la posible contaminación, sino a la opción que tomaron los inversores de instalarse en Uruguay.
