El canciller Héctor Timerman aseguró ayer en la conferencia de prensa que brindó en el Palacio San Martín que el Gobierno hará, “a través de la Justicia, todas las acciones legales necesarias para evitar que se avance en la construcción de una represa” en la provincia de Corrientes, en referencia a la represa que proyectan construir las empresas Copra S.A., propiedad del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, de George Soros, sobre el Arroyo Ayuí .
Timerman aseguró que la represa Ayuí Grande “puede ser violatoria del medio ambiente y del derecho internacional” y advirtió que “la Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional”, en relación con el río Uruguay.
Durante doce minutos, el jefe de la diplomacia argentina repasó las acciones gubernamentales vinculadas con el emprendimiento en Corrientes.
Así, mencionó que llamó el miércoles al canciller de Uruguay, Luis Almagro, para informarlo del “potencial efecto” que tendría la construcción de la represa, y adelantó que lo visitará próximamente para interiorizarlo del tema.
Además, Timerman dijo que envió una carta al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, en la que le pidió que “no avance en la construcción” de la obra.
“El gobierno uruguayo está preocupado por esta situación, pero tiene plena confianza en que la Argentina va a actuar con todo el rigor que requiere el Tratado del Río Uruguay”, enfatizó.
Timerman agregó que el representante argentino ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) envió una carta a ese organismo bilateral en la que se puso de manifiesto el compromiso del país de cooperar en todo lo atinente al emprendimiento.
Fue en ese contexto que el ex embajador ante los Estados Unidos aseguró que el Gobierno hará, “a través de la Justicia, todas las acciones legales necesarias para evitar que se avance en la construcción de una represa”.
Cuando se le preguntó si las presentaciones podrían ser contra el gobierno de Corrientes, Timerman asintió, y sostuvo que se harán “contra todas las autoridades que han autorizado la obra” y para “evitar que se ponga en marcha el emprendimiento”.
El funcionario dijo que “desde el 2008, cuando conocimos la posibilidad de que se instale en Corrientes una represa que altere el curso de uno de los afluentes del río Uruguay”, se solicitó información por medio de la Secretaría de Ambiente “y nunca tuvimos respuesta”.
Si se construye la represa se inundarán “8.000 hectáreas con el único fin de proveer agua a dos emprendimientos privados que se dedican a la producción de arroz”, planteó.
A su vez aseguró que la obra “va a poner en riesgo a toda la Mesopotamia y a la Argentina como violatoria del estatuto del río Uruguay” de 1975, suscripto entre Buenos Aires y Montevideo.
“La Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional”, expresó Timerman, para quien “la mera construcción” de la represa supone un “impacto” al ambiente.
Por su parte, el abogado de los asambleístas de Gualeguaychú, Luis Leissa, afirmó que el proyecto arrocero impulsado Aranda y Soros, en la cuenca del arroyo Ayuí, “debe someterse al Estatuto del Río Uruguay” porque “puede dar pie a que Uruguay diga que hay acciones que impactan sobre el río”, consigna BAE.
