Mc Loughlin aseguró que no leyó la ordenanza. “Pero me parece claramente inconstitucional sino se le entrega el carnet de conducir a las personas que estén adeudando una tasa municipal, cualquiera fuera”, señaló. “Esto conspira contra las garantías constitucionales como la libertad de trabajo, etc.”, agregó.
Para Mc Loughlin, una persona que debe viajar en un vehículo, incluso por cuestiones de emergencia, y no pueda hacerlo porque adeuda una tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza: “es manifiestamente inconstitucional”. Y explicó que es una opinión a título personal. “Sino es así, enhorabuena que alguien me pueda sacar de mi error”, recalcó.
“Es un poco reiterado esto de querer imponer condicionamientos al ejercicio de derechos que están garantizados en la Constitución basados solamente en el interés fiscal de recaudar o salvar la ineficiencia que tienen en otros planos cuando en realidad el tema éste no se relaciona para nada”, expresó.
Como antecedente, recordó que en la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, ex titular de ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires) intentó evitar la salida al exterior de los deudores. “Era un verdadero disparate”, indicó. En realidad, lo que se buscaba era saber si los deudores viajaban al exterior en verano para “sumar elementos” para intimar el pago de impuestos.
Por otro lado, el titular del Colegio sostuvo que la municipalidad tiene todas las herramientas para cobrar la tasa. “No la cobra, en parte, por la ineficiencia de los organismos de cobranza y, en parte, como consecuencia de la propia actitud de la municipalidad cuando prohíbe a sus mandatarios que prosigan con los juicios de ejecución y apremio”, manifestó.
“Sea bueno o malo, no hay otro organismo de ejecución compulsiva que no sea el remate de los bienes embargados. La municipalidad no quiere asumir el costo de rematar y en consecuencia pierde toda su fuerza el reclamo compulsivo del pago de la tasa”, manifestó. “La gente eso lo tiene más o menos conocido y asumido y en consecuencia especula y no paga”, añadió. Mc Loughlin admitió que hay contribuyentes que no están en condiciones pero hay otros que no lo hacen porque “están especulando”.
“Realmente lo que tienen que hacer es arbitrar los mecanismos necesarios para saldar las ineficiencias”, aseguró. Y aclaró que los contribuyentes que estén en desacuerdo pueden presentar un recurso de amparo o iniciar un juicio de inconstitucionalidad.
Cerrar el déficit
El prosecretario del Comité Departamental de la UCR, Ariel Gorostegui, indicó que es un “abuso” del municipio para “cerrar el déficit que tiene en la recaudación”. “En todo caso lo que tiene que hacer el municipio es utilizar las herramientas que tiene, que son los apremios y juicios de ejecución, para cobrar las tasas”, opinó.
“Pero no realizar este avance sobre el derecho de los ciudadanos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las tasas no tienen nada que ver con las licencias para conducir un automóvil”, indicó el abogado.
Asimismo, manifestó que en la aplicación de la ordenanza pueden aparecer problemas que conduzcan a situaciones de injusticia como las de un inquilino que alquila un inmueble y se encuentra con que el propietario no paga las tasas. Eso conllevaría a que no le entreguen la licencia. “La ordenanza como está prevista va a incurrir en excesos que va a recaer en inconstitucionalidades”, indicó.
Al mismo tiempo, expresó que la deuda debe ser determinada judicialmente y no basta con que sea establecida administrativamente. En tal sentido, indicó que negar la extensión de un carnet por una determinación de oficio puede ser inconstitucional porque no le permite al contribuyente cuestionarla si hubo un error en esa operación. En cambio, un juez civil contempla el derecho a la defensa del ciudadano. “La ordenanza no hace referencia a ese punto”, dijo Gortostegui.
De fondo, Gorostegui indicó que lo que se busca es tratar de reducir el déficit en las cuentas de Obras Sanitarias. “El presupuesto que se aprobó fue una vergüenza, no se discutió nada, se le va a financiar el rojo y todo eso recae sobre las espaldas de los contribuyentes”, expresó.
Situaciones de desigualdad
El ex concejal Daniel Cedro dijo que la norma busca “por una vía que no es la específica” la mejora de la recaudación. Por lo tanto, señaló que se trata de una forma que no sería la correcta. “Debería buscarse una mejora de los mecanismos de recaudación específicos de cada organismo”, indicó. Además señaló que se puede llegar a generar “situaciones de desigualdad” entre los que “son y no son propietarios” o entre “el que es y no es comerciante”. “Se le va a exigir más al que es propietario que al que no es”, argumentó.
Asimismo, explicó que los contribuyentes van a tener que ir de una repartición a la otra debido a que la información no está centralizada en los sistemas informáticos del municipio. “¿O se va a unificar todo en un sólo lugar?”, se preguntó. “Me parece que hasta operativamente se va a complicar mucho”, finalizó.
