martes 14 de octubre de 2025

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Tierras fiscales: La nueva ley

Según la ley, su objetivo es “establecer las bases para lograr una eficiente intervención del Estado provincial a través de la instrumentación de las políticas públicas” para transformar las tierras fiscales de la provincia “que son “actualmente improductivas”, y “el mejoramiento y la ampliación de la capacidad instalada de los puertos”.
Para aplicar esos criterios, se crea “Arroz del Delta Entrerriano Sociedad Anónima” que ejercerá “la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la provincia que el Ejecutivo” ponga en concesión ya que actuará como “concedente” en la operatoria.
A su vez, la Sociedad será auditada interna y externamente y estará facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
El artículo cuarto del proyecto, que aprobaron las dos cámaras, establece una vida de 99 años para la sociedad contados a partir de su inscripción en el registro público correspondiente y divide en cuatro categorías su capital: Acciones A, B , C y D.
Las A, constituyen no menos del 60 por ciento del capital social y se adjudicarán en un concurso público; las B constituirán hasta un máximo del 20% por ciento del capital social, serán libremente transferibles y su titularidad se distribuirá, en proporciones idénticas, mediante la conformación de un Programa de Propiedad Participada, entre los DIEZ (10) productores agroindustriales radicados en Entre Ríos que registren el mayor volumen de producción originaria del territorio provincial y que voluntariamente manifiesten su interés en suscribirlas, en las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo provincial en el respectivo concurso público.
Las C – dice la ley – quedarán bajo dominio del Ejecutivo y “bajo ningún procedimiento, las modificaciones estatutarias podrán implicar una reducción de dicho porcentaje de participación en el capital social. Los derechos del Ejecutivo serán ejercidos en las asambleas por el Fiscal de Estado, por el Escribano Mayor de Gobierno o por el funcionario que designe el gobierno.
Las D, en caso de que la sociedad decida emitirlas, serán preferidas patrimoniales y sin derecho a voto.
En cuanto a la sociedad, la ley también establece que su dirección y administración estarán a cargo de un directorio integrado por cinco titulares y otros tantos suplentes, de los cuales tres designarán los poseedores de las acciones A, y los restantes por los dueños de las acciones B y C. Una comisión fiscalizadora compuesta por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes elegidos por la asamblea de accionistas, completará los controles. Una vez promulgada la ley, habrá un plazo de 90 días para integrar la sociedad como para redactar y aprobar su estatuto.

Sobre la concesión
La sociedad Arroz del Delta Entrerriano tendrá la titularidad, por todo el plazo de su vigencia, de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la provincia de Entre Ríos que el Ejecutivo autorice a explotar. El contrato, que redactará el Ejecutivo, definirá el plazo de duración de la concesión en el que también podrá incluir cláusulas.

Del concurso
Tendrá carácter nacional, para la adjudicación y posterior transferencia de la totalidad de las acciones de todas las clases y será el Ejecutivo el que redacte y apruebe los pliegos.

La financiación del proyecto
El artículo 14 de la ley autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a contratar un préstamo por hasta 50 millones de dólares para financiar la ejecución del proyecto de transformación de tierras fiscales y para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del endeudamiento, lo autoriza a ceder los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por el régimen de coparticipación federal de impuestos nacionales.

Los más favorecidos
Islas del Ibicuy y Victoria, entre otros son los departamentos más interesados en la ley y, claro está, los más favorecidos con su aplicación.

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