El titular de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción, Juan Carlos Flematti, le dijo a El Diario que las tierras fiscales en el Delta “son muy apetecidas por ganaderos de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires”, muchos de los cuales, aseguró, han “usurpado” propiedades de dominio público, y en otros casos, han demandado al Estado para quedarse con los lotes que ya se han apropiado.
La cuestión no es nueva, sin embargo. Flematti dice que hay juicios por usucapion que datan de 2002 y que alertó de la apropiación ilegal de tierras en 2004, pero que hasta ahora no se habían atendido sus planteos. Un prolijo informe que produjo el funcionario en noviembre último da cuenta que en el departamento Victoria, de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado, “las mensuras de posesión involucran a 50.507 hectáreas”, y en el departamento Gualeguay, de las 45 mil hectáreas “consideradas bienes del dominio público, 58.500 hectáreas cuentan con alguna mensura de posesión, dos o hasta triplemente mensuradas por distintos profesionales, lo que hace superar en 18.500 las hectáreas mensuradas respecto de la superficie de los bienes inmuebles. De los 70 predios propiedad del Superior Gobierno, 56 de ellos se encuentran mensurados con la finalidad de adquirirlos por prescripción adquisitiva”.
Ayer el tema se analizó en la Cámara de Diputados que citó para que den informes al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y a la directora de Catastro, Maria Emma Danuzzo de Labriola.
“Se logró el objetivo, que fue hacer una charla totalmente informativa en función de lo que salió en los medios. Ahora, los legisladores citamos a una próxima reunión para el martes 14, y ahí analizaremos lo que dijeron los funcionarios. Creo que este problema surgió por la falta de coordinación entre distintos organismos del Estado. Y eso ha derivado en que hayamos perdido un juicio por casi 3.000 hectáreas en Las Lechiguanas”, sostuvo el diputado Fabián Flores, titular de la Comisión.
Según la nota firmada por el periodista Ricardo Leguizamón “las miradas por el desaguisado apuntan fundamentalmente a la Dirección de Catastro, donde por estos días hay un serio malestar por la dimensión que adquirió el asunto en forma pública. Un dictamen de agosto último que produjo el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes sirvió para poner freno a las registraciones de tierras fiscales a nombre de particulares que venía realizando el organismo.
El pronunciamiento del fiscal estableció que las islas del Delta son “bienes públicos”, y no “tierras fiscales”, como usualmente se las identifica, es decir “bienes de dominio público”, y que “los bienes del dominio público no integran el patrimonio de los respectivos Estados, en el sentido de hacienda estatal o fisco, el cual sólo está compuesto de los bienes privados del Estado”. Y por eso mismo están “fuera del comercio”, con dos características esenciales: “inalienabilidad” e “imprescriptibilidad”, es decir que no se pueden vender ni enajenar, y menos aún a manos de un privado.
El dictamen de la Fiscalía sostiene que “todas las islas” que “no pertenecieran de un modo irrevocable a la propiedad privada de los particulares” son “del dominio público perteneciente al pueblo de la Provincia de Entre Ríos, y que las tierras que han sido arrendadas están bajo la figura de “concesión de uso” por un plazo determinado. Por eso, instruyó a Catastro a “dejar sin efecto” el procedimiento de registración y visado de la documentación presentada para el parcelamiento de tierras fiscales.
RODRIGUEZ SIGNES
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dio cuenta que la Dirección de Catastro tiene vedado inscribir planos de mensura sobre bienes del Estado. Y dio cuenta de cuáles serán los pasos futuros.
«En primer lugar, la Dirección de Catastro no puede aprobar o inscribir mensuras de bienes públicos. En segundo lugar, acciones de desalojo que tiene que encarar la Fiscalía de Estado. En tercer término, la Legislatura tendrá que revisar normas de la dictadura militar que habilitaron la venta y a veces a precio vil o sin cumplir con la licitación pública. La Policía tiene que tener una mayor presencia. A lo mejor, el Gobierno provincial hace un convenio con algún organismo para que colabore en el control de la ocupación”, detalló.
La delimitación por mensura de los terrenos, uno de los elementos junto con la posesión y el pago de impuestos son “medios de prueba que utilizan los particulares en los juicios de usucapión o prescripción adquisitiva, pero no quiere decir que el plano les dé la propiedad” del bien, sentenció.
En el debate judicial sobre estos casos, la Fiscalía sostendrá que el plano “no es una prueba documental que acredite posesión, menos sobre un bien del dominio público”.
“Hay que realizar acciones coordinadas de distintos órganos de la administración. En lo que a mi respecta, acciones legales: el análisis caso por caso de la adquisición de tierras fiscales donde de detectarse irregularidad plantear la nulidad de la venta, en los casos de usucapión planteados, rechazarlos, y en tercer orden tratar de que Catastro no apruebe mensuras sobre bienes públicos del Estado”, enumeró.
Esto había sido reclamado en un dictamen de Fiscalía del año pasado, norma que en la opinión de Rodríguez Signes debería ser elevado a la categoría de “ley o decreto” para que sea un instrumento “de mayor jerarquía jurídica”. Catastro, de igual manera, no prosiguió entregando tierras públicas a particulares, sino que acató lo dispuesto en el dictamen de Fiscalía.
“Creo que habría que revisar la ley 6047 que autorizó la venta de las tierras de las islas a los particulares en el año 1977. Es una norma inconstitucional porque no fue hecha por la Legislatura, pero básicamente porque no se pueden vender bienes del dominio público, primero hay que desafectarlo”, algo que tiene que hacer la Legislatura explicando porqué se hace, explicó Rodríguez Signes, en declaraciones a APF.
