Al término del encuentro el abogado querellante detalló los puntos sobresalientes sobre lo que informó a Busti, dado que el Registro Único de la Verdad, quien promovió las denuncias, fue creada durante su última gestión de gobierno y al respecto explicó que “la causa principal – o causa madre-, está caratulada como `Sr. Fiscal General solicita el desarchivo de las causas que tramitaran por ley 23049` se encuentra radicada en la Excma. Corte de Suprema de Justicia de la Nación, debido a la presentación de recursos extraordinarios por parte de las defensas técnicas de los imputados”.
Taleb, recordó que en este proceso se investiga la mayor parte de los delitos, los cuales ya habían sido denunciados en el transcurso de la dictadura: privaciones ilegítimas de la libertad calificadas, imposición de torturas; lesiones graves y gravísimas; homicidios calificados, entre otros.
“Nuestro máximo Tribunal de Justicia, añadió, deberá resolver ahora si es válida la ley 25.779 que declarará la nulidad de las leyes de impunidad, debe pronunciarse también respecto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la inconstitucionalidad de los decretos de indulto. Como sobre todos estos temas la Corte tiene jurisprudencia reciente (fallos dictados en “Arancibia Clavel”, “Poblete” y “Riveros”), y dado que el Procurador General de la Nación ya emitió su dictamen, y resaltó que “es probable que la resolución sea inminente”.
Por otra parte indicó el letrado que “La imposibilidad de avanzar en la investigación de las causas por estas discusiones previas, fue enfrentada con una estrategia procesal decidida en conjunto por distintos Organismos de Derechos Humanos, por el Registro Único de la Verdad, por las víctimas y por los abogados patrocinantes. La misma apuntaba a formular nuevas denuncias por hechos de la dictadura militar que no fueron nunca investigados por la Justicia”.
Dada esta situación es que se abrió una segunda causa, conocida como “Hospital Militar”, donde se comenzó a investigar la apropiación de bebés de detenidas desaparecidas, la sustracción de identidad de los chicos nacidos en cautiverio y el rol que desempeñó aquella institución en estos delitos aberrantes.
La denuncia fue presentada por el Registro Único de la Verdad que, luego de una minuciosa investigación, en la cual fue decisivo el papel de los abogados de la querella (Dres. Marina Barbagelata y Marcelo Baridón), y ante reiterados pedidos para que se cite a indagatoria al máximo responsable del Ejército en la Provincia, Juan Carlos Trimarco, la Jueza, Myriam Galizzi, hizo lugar a la petición de la parte querellante y del Ministerio Público Fiscal y ordenó la citación a indagatoria del militar. “Este fue el primer gran avance en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad” aseguró Taleb.
Es dable recordar que ese acto procesal no se pudo materializar aún, porque peritos médicos deben expedirse previamente respecto de la capacidad del acusado para comprender la criminalidad de sus actos.
El abogado querellante valoró que “Otro avance significativo fue la citación a indagatoria de quien fue sindicado por el testigo represor, Eduardo Costanzo, como coordinador de la operación de traslado de Raquel Negro al Hospital Militar, para que allí sea atendido su parto, el Sr. Navone, cuyo destino en la Provincia en aquella época fue probado con los informes enviados por el Ministerio de Defensa”.
Otra de las denuncias promovidas desde el Registro Único de la Verdad tuvo como objeto la investigación de lo que se conoció públicamente como “Masacre de la Tapera”, cuyas víctimas fueron los militantes Juan Alberto Osuna y Carlos Fernández.
“Tras una ardua investigación, se echó por tierra la versión oficial de que se había tratado de un enfrentamiento, ya que una testigo presencial del hecho describió que fue un simulacro. Se logró identificar científicamente que el cuerpo recuperado por los familiares era efectivamente de Alberto “Beto” Osuna” relató Taleb.
Finalmente el abogado expresó “que el análisis del estado procesal de la causa motivó que los letrados de la querella pidieran la citación a indagatoria de Juan Carlos Trimarco, también por este hecho, lo que debe ser decidido por el Juzgado interviniente y se continúa además la búsqueda de los restos de Carlos Fernández, en la cual participan incasablemente sus familiares”, concluyó.
