Este caso se puede emparentar al de Gastón Lescano (1997) a quien luego de estrellarle la cabeza contra la dura y filosa puerta abierta de un ford falcon lo arrojaron en un descampado o al de “Pato” Segovia a quien ejecutaron a quemarropa con una escopeta frente a sus familiares luego de una fenomenal paliza ; o al de Orlando “pelado” Medina de 17 años con quien practicaron tiro al blanco mientras corría, es decir, lo cocinaron por la espalda (1999) ; o el caso de Enrique Clementz a quien también ejecutaron de atrás (1998), por solo señalar algunos de los más sonados casos en los que, obviamente, el copyright es policial y no respetó signos políticos ya que, durante la administración de Sergio Montiel se produjeron varios asesinatos más, entre ellos el de Balbuena (que vamos a contar) y el de José Luís González en Villa Zorraquín.
Aclarando que se trata solo de algunos ejemplos (los casos de asesinatos policiales se aproximan a los 20), resta mencionar, los casos casi cotidianos de tormentos en las comisarías de la ciudad o a la vista de todos, en los barrios humildes, periféricos, donde primero golpean, tiran y después preguntan. Así ocurrió en junio de 1999 cuando un changarín, José López, padre de 9 hijos, fue interceptado por la policía confundiéndolo con un ladrón, en la zona del barrio San Jorge. Sin decir agua va, llenaron su cuerpo de balas de goma dejando profundos orificios. López iba en un carro con su hijo de 4 años, al niñito no le fue mejor, una bala de goma le produjo estallido ocular como consecuencia, perdió su ojito.
O en abril de 2001 los casos de Fernando Bravo de apenas 15 años y de Darío Robles un chico con síndrome de Down. Fernando, a punto de finalizar en aquel momento el 3er año del secundario y realizando trámites para ingresar a la policía, contó detalles espeluznantes de la paliza recibida. Dijo incluso que apenas lo bajaron arrastrando y de los pelos en la departamental de policía “eran como 15 los policías que me pegaban estando en el suelo”.
La democracia, como se observa está aún lejos de reivindicarse como tal, privilegiando la vida, la libertad y los derechos humanos más elementales, luego de la larga noche de desapariciones, torturas y asesinatos de tiempos de la dictadura.
La persistencia de esta práctica policial execrable lejos de ir en disminución, se acentúa con el mismo nivel de insolencia con que crece la pobreza.
Es impresionante observar como la violencia policial ha ido creciendo en la ciudad a medida que esta fue ganando los primeros lugares en los índices de pobreza, desocupación y marginalidad. Basta recurrir a las estadísticas para comprobar la estrecha relación que existe entre pobreza, delitos menores vinculados a la propiedad y crecimiento de la violencia policial. Sería larga la lista de casos (sobre todo desde los comienzos de la década del 90 en adelante) muchos de los cuales han sido reflejados en ANALISIS no solo por el autor de esta nota.
Ante esta larga lista de víctimas con una metodología recurrente, sería impreciso creer que se trata de “patrullas perdidas”. Es mucho más que evidente que el Estado (en este caso Democrático), ha utilizado y utiliza a la fuerza policial para sembrar el terror en un sector social determinado. En palabras del oficial de policía Miguel Giménez (acusado de torturar y matar a Víctor Balbuena), quebrado y al final de los alegatos dirigió una fuerte crítica a la institución a la que pertenece y a sus jefes “cuando se equivoca uno, es más fácil cortar por lo más bajo y los señores jefes siempre salen con los laureles”.
Antes, el fiscal Larrarte había asegurado “siempre pasa lo mismo, caen los Cabos, los Sargentos, los Agentes, nunca los jefes”. A confesión de partes relevo de prueba, lo dicen, el imputado y el representante del Estado en la justicia.
La violencia y el terror dirigido por el Estado, no tiene un fin estrictamente político claro, lo es más bien en un sentido lato, referido al control social. Ya no existen como en los 70 organizaciones políticas revolucionarias que disputaban el poder para cambiar las relaciones de producción, ahora apenas si se trata de desorganizados marginales que se conforman con robar un tendal de ropas o algún electrodoméstico y, ciertamente también, grupitos de vándalos que atormentan al vecindario.
Lejos de disputar la propiedad de los medios de producción se trata de pequeños atentados contra la propiedad privada de personas que, por lo general, son igual de pobres que ellos.
De modo que, para abordar esa problemática el Estado ya no necesita de Fuerzas Armadas, le alcanza con policías mal preparados que, en vez de inteligencia y recolección de pruebas para distinguir ladronzuelos sueltos o grupos de ellos, eligen el terror. Terror que en tiempos de la dictadura, estaba dirigido al conjunto de la sociedad, y que, ahora, se direcciona contra pobres y marginales en general.
CASO BALBUENA : EJEMPLO PROBADO DE TERROR Y SALVAJISMO
El médico forense analizó las lesiones que presentaban los jóvenes Fabián Alem, Horacio Rodríguez y Claudio Morales y las comparó con el síndrome denominado “pie de trinchera”. Los pies de los jóvenes tenían una “coloración azul intensivo, le faltaba movilidad, dolor intenso”, debido a que fueron sometidos a “hipotermia extrema”.
Como se dijo, los cuerpos de ellos y de Balbuena (luego de ser apaleados brutalmente), fueron arrojados vivos (no al mar ni al Río de la Plata), sino a las heladas aguas de un arroyo profundo en una madrugada con -2º (dos grados bajo cero) de temperatura.
Es de destacar que, aunque el caso Alem fue ventilado en el mismo juicio, se trató de otro hecho. A Alem (un trabajador de la fruta de 25 años), los mismos policías (menos el Cabo José Darío Leiva), lo detuvieron a las 21,30, lo golpearon y apalearon con saña y lo escondieron en el baúl del mismo móvil. Adentro de ese baúl el dolorido y helado cuerpo de Alem recorrió la ciudad, hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. Durante esas 6 horas Alem estuvo desaparecido, no fue reportado en ninguna comisaría.
En palabras de Alem, “salí del trabajo tomé una cerveza con mis amigos, ese día había cobrado y a las 21,30 me pararon los policías me pusieron contra la pared, me esposaron ( 3 policías uniformados), me tiraron en el asiento de atrás y me pegaron mientras me paseaban. Me pasaron al baúl y me pasearon hasta las 3 de la madrugada, en el puente me bajaron, me empezaron a pegar con el bate y luego me arrojaron al arroyo”.
En su alegato, el fiscal Larrarte quien además de los testimonios conocía el expediente judicial, dijo que tanto Alem como las otras víctimas salvaron sus vidas milagrosamente y que, si le hubiera tocado a él, no lo habría soportado.
En cuanto a los tormentos y torturas sufridas por Balbuena, Gesualdi descartó que el golpe que le produjo una fractura con hundimiento del cráneo haya sido un golpe de puño, excepto que el agresor hubiese utilizado una manopla y que tenga una fuerza “descomunal”. Más bien se vio inclinado a suscribir la hipótesis del abogado querellante, Dr. Martín Jáuregui, quien le preguntó si Balbuena podría haber sido golpeado con un bastón policial. Para el forense, Balbuena fue golpeado desde atrás y posiblemente el golpe fue de arriba hacia abajo, y para graficarle a las jueces inclinaba ambos brazos hacia delante y abajo, como alguien que empuña un palo.
El dato que impactó a los presentes en la sala de audiencias fue que Balbuena fue arrojado al agua con vida. “Cayó vivo, quizás no muy conciente, ni lúcido por la fractura en el cráneo, pero pasivamente no puede ingresar tanta cantidad de agua, con la intensidad que fue hallado plancton en la médula ósea”. Otro dato que aportó el forense es que la sangre del joven era de color “rosado”, señal que se había mezclado con agua.
También descartó que Balbuena se haya podido golpear contra la baranda del puente sobre el arroyo Ayuí, porque cuando hizo una inspección in situ no encontró ningún borde saliente. Luego se señaló un punto detrás de la oreja, lugar donde encontró el hundimiento circular.
Gesualdi también reveló que llamó su atención la gran cantidad de sangre esparcida en las barandas del puente y en la ribera del arroyo, como si los jóvenes hubiesen sido golpeados con dureza antes de ser arrojados al agua. Es de destacar que este médico fue citado como testigo por la defensa.
LA JUSTICIA
En teoría, la diferencia con la dictadura es que, en democracia, estos atentados a los derechos humanos más elementales, no quedan impunes. En este caso seguramente se verificará, los jueces camaristas luego del pedido de perpetua por parte del fiscal y la querella, difícilmente encuentren algún resquicio para siquiera morigerar la pena. Sin embargo, deberán existir muchos casos como este para asegurar que el Estado no está comprometido con el terror.
El imputado Giménez no se privó de dirigir un dardo contra la justicia. Dijo, “hay responsabilidades de ustedes, Su Señoría. Entiendo al señor fiscal que esté enojado con el accionar policial, pero si tienen las herramientas de poder cambiar eso ¿ porqué no las utilizan ?”.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y a propósito del reciente fallo que anuló las leyes de la impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) dijo : “ninguna persona aceptaría entrar en una sociedad si el Estado estuviera autorizado para reprimirla, hacerla desaparecer o para asesinarla”. Lo dijo en relación a aquellos hechos, claro, de los que la democracia acaba de hacerse cargo. Para que se haga cargo de estos, aún parece faltar tiempo.
En el caso que nos toca, estas personas, aceptan entrar en una sociedad que en muchos casos los desprecia y excluye y aceptan formar parte de un Estado que no solo no cumple con sus deberes más elementales para incorporarlos, incluirlos, sino que, además y a través de una de sus fuerzas, la policial, los reprime, los asesina y los encarcela. Mucho le falta a esta democracia para reivindicarse, mucho más a los funcionarios encargados de hacer notar las diferencias con el Estado Autoritario.
Al mejor estilo de un periodista, un integrante de este Estado, el Defensor de Pobres y Menores en el Superior Tribunal de Justicia, Arsenio Mendoza, acaba de hablar de “la hipocresía social” y de que el 90 % de los reclusos son jóvenes menores de 30 y pobres provenientes de institutos de menores. Desde hace años repite lo mismo, con un agravante, observa, como cualquiera de nosotros, el deterioro cada vez mayor de ese sector al que él debería defender con algo más que con una declaración periodística.
¿Quiénes son los hipócritas, la sociedad o el Estado que la incentiva ?
Una de las víctimas de esta causa, Claudio Morales contó que se despierta sobresaltado intentando defenderse de los tormentos de aquella terrible noche y que aún se recrimina no haber podido hacer nada para evitar que mataran a su amigo ante sus ojos.
Sería bueno que, al igual que Morales, muchos funcionarios de la democracia se sobresaltaran por las noches, al saber lo poco que hacen para impedir la violencia criminal. Que los funcionarios que se llenan la boca con el terrorismo de ayer, sean capaces de impedir este otro terrorismo de hoy. El dirigido a pobres, marginales y especialmente jóvenes que, lejos de proponerse subvertir un orden social que los excluye, apenas se plantean subsistir robando ropa en los tendederos o ingresando a las viviendas subrepticiamente para hacerse de bienes ajenos que les permita ser parte de un mercado que solo registra a aquellos que son acreedores de un bien de cambio como el dinero.
