Este convenio dispuso:
– Que las aguas del río Uruguay serían «utilizadas en común por partes iguales».
– La designación de la Comisión Técnica Mixta, a cargo de «todos los asuntos referentes a la utilización, represamiento y derivación de las aguas del río Uruguay».
– Que «las diversas utilizaciones de agua tendrán el siguiente orden de prioridad»:
1) Utilización para fines domésticos y sanitarios.
2) Utilización para navegación.
3) Utilización para producción de energía.
4) Utilización para riego.
Está claro que este orden de prioridades, que indicaba que debía ser una obra multipropósitos, no se ha respetado. Salto Grande es una eficiente usina de energía, lo que no es poca cosa. En más de 25 años de funcionamiento, Salto Grande ha brindado energía segura, limpia, y a un costo mucho menor que fuentes alternativas. Esa energía con base en un recurso renovable ha significado poder prescindir de la combustión de miles de metros cúbicos de hidrocarburos, ha evitado la liberación a la atmósfera de miles de toneladas de gases contaminantes; y ha posibilitado un enorme ahorro de divisas y de recursos estratégicos para ambos países.
Pero es hora de prestar atención a las demás utilizaciones del agua, esencialmente en lo que tiene que ver con la provisión de agua potable y saneamiento, y la promoción de la navegación.
Es hora de terminar Salto Grande.
Ello deberá implicar un amplio conjunto de ventajas y beneficios para la región:
* La construcción de las obras necesarias para la navegación significarán también la posibilidad de un aumento de la energía generada, con el consiguiente incremento de las regalías y excedentes.
* La posibilidad de trasponer la presa aguas arriba significará una prolongación del eje navegable, lo que permitirá la dinamización del tráfico fluvial, y la reactivación de las economías regionales que ello acarrea. Debe tenerse en cuenta que el modo de transporte fluvial es – por lejos – el más seguro, el más barato, y el menos contaminante.
* El aumento de generación de energía eléctrica debe ir condicionado a la obtención de cuotas de energía a precio diferencial, para abaratar el costo energético en los parques industriales de la región, y promocionar la radicación de industrias limpias, que agreguen valor a la producción primaria y generen fuentes genuinas de empleo.
* Debe preverse un plan de protección ambiental del río Uruguay, que estipule la prioridad en ambas márgenes para la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales e industriales, y redes de agua potable y saneamiento. Los incrementos de regalías y excedentes deberán destinarse con prioridad a estos fines, y a la extensión de redes de gas natural para uso domiciliario e industrial.
* Deberán crearse parques binacionales y áreas naturales protegidas en áreas insulares y costeras, y construirse obras de protección de costas y balnearios, y obras de defensa contra inundaciones.
* Deberán tenerse en cuenta las necesidades de protección de la fauna ictícola y terrestre.
* Las decisiones referidas a localizaciones y pautas de diseño deberán minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, y tendrán que prever la necesaria participación de los municipios y la sociedad civil, así como la intervención de las universidades de la región.
Salto Grande debe convertirse en una verdadera herramienta de promoción del desarrollo sostenible y de la integración regional, para la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos.
El año que viene se cumplirán 60 años del Convenio de 1946. Es una buena oportunidad para comenzar a rendir las asignaturas pendientes. Para comenzar a rescatar aquellas prioridades, que tan poco hemos respetado. El desafío es enorme, pero vale la pena.
En 1929, en 1938, y en 1946, cuando no había nada, creyeron que era posible. Y por eso se hizo Salto Grande. Es hora de creer que es posible terminar esta gran obra. Y hacerlo.
