En cambio, admitió que si se cierran las puertas a los visitantes se debería estudiar “muy seriamente” si no se configura un incumplimiento del convenio. “Hay que estudiarlo sin ligereza”, recalcó. El concejal estimó que hay más de 20 expedientes en el municipio entre presentaciones de la concesionaria y otros papeles similares. De la lectura de ese material “tiene que surgir la obligación de mantener abierto al público o que ese era un complejo público explotado por un privado pero público”.
Además dijo que el cierre “atenta contra el comercio de Concordia”. “Dentro de la Ley de Defensa de la Competencia habla sobre las empresas que se aprovechan de una posición dominante en el mercado”, explicó. Y si se concreta la restricción del ingreso a quienes no están alojados en las termas “está explotando una posición dominante en el mercado y habría que estudiar seriamente con especialistas en el tema la aplicación de la Ley Nº 25156”.
En cambio, rechazó la posibilidad de que el municipio pueda intervenir en la formación del precio de la entrada. El abogado explicó que no se trata de un servicio público como el transporte urbano de pasajeros o los remisses. Ni el hecho de que el concesionario ocupe un terreno de propiedad municipal habilita al Ejecutivo a regular las tarifas. De lo contrario, el municipio también podría elaborar la lista de precios de los restaurantes, carritos y demás locales que están establecidos sobre los terrenos concesionados en la Costanera.
“El problema de esta concesión radica en su nacimiento. El contrato es seriamente deficiente”, explicó Dri. Incluso, explicó que no fueron calculados los avatares en que podría incurrir la concesión durante 40 años (el predio fue cedido por 25 años con opción a 15 más). “En 40 años el municipio vive con 1000 problemas de la gestión mientras que el concesionario vive exclusivamente estudiando el contrato para ver como lo ejecuta”.
“Hoy el concesionario sale con una situación que no está contemplada. Todos los sobreentendieron pero nadie escribió la obligación de mantener el acceso abierto al público”, argumentó. Si se pudiera redactar de nuevo, “deberían incluirse todas las obligaciones y derechos de las partes e hilar más fino y detallar cuales serían los incumplimientos que darían pie para rescindir el contrato”, sostuvo el edil.
El convenio fue ratificado por el Concejo hace 10 años, cuando Gustavo Bordet formaba parte del mismo. Al respecto, Dri sostuvo que antes de ponerse a investigar (Bordet ayer anunció que iban a investigar a quienes redactaron el convenio) “tendría que reflexionar sobre cuál ha sido su actuación”. Y agregó: “en una de esas buscamos el diario de sesiones y nos sorprendemos de que él se opuso y expuso los motivos. Por eso yo les explicó a mis colegas porqué es importante dejar sentada cual es mi posición: o a favor o en contra del porqué del voto”.
En cuanto a las obras estipuladas en el convenio, Dri aseguró que se investigó al respecto y la conclusión fue que las mismas “están terminadas”. “El Spa está funcionando que era una de las etapas y la última etapa me parece que era el alojamiento y eso está también terminado”, expresó.
Sin excepciones
La semana pasada, Dri presentó un proyecto tendiente a que la concesionaria no abone la tasa de Higiene (1.3 %) sólo basada en el cálculo de entradas vendidas. En la actualidad la empresa bonifica a los representantes que están hospedados en el predio termal. “Les cobra el primer día y todos los otros que se hospeden en el predio están bonificadas”, explicó.
Para Dri, el código tributario permite incluir en el cálculo de la tasa mencionada las entradas gratuitas. “Si no cualquier empresario que haga un espectáculo dice que regala todas las entradas y no paga derechos”, explicó. “En mi proyecto trato de interpretar eso y digo no: tiene que pagar por todas las personas aunque las personas no paguen. Eso es una política empresarial”, indicó.
