El Gobierno tenía pensado reglamentar un régimen de este tipo al mismo tiempo que el exitoso blanqueo impositivo lanzado en el segundo semestre de 2016, pero se decidió postergarlo para este año para no "combinar perdones", según la definición oficial del año pasado. Ahora se considera que el momento para avanzar es la Argentina poselectoral. Hay coincidencia plena en todas las áreas involucradas en que debe haber un blanqueo laboral amplio y generoso. El problema comienza cuando se evalúa el alcance de esa generosidad.
Para el "ala política" no hay duda. Debe haber un "borrón y cuenta nueva" para todos los trabajadores que en los últimos años (incluso décadas) no tuvieron sus aportes al día o que directamente no registran ingresos tributarios por los privados en sus cuentas previsionales. Siguiendo la línea de lo que se propuso en la CGT, sería el blanqueo más beneficioso en la historia reciente. Incluso hay quien piensa en una especie de "jubileo" general con perdones amplios y universales que impliquen que ya nada se le debe al fisco, a cambio del compromiso de comenzar los aportes desde un punto determinado en el tiempo y no registrar más retrasos. Caso contrario, el perdón caería. Algunos funcionarios tienen sus reparos con semejante beneficio, y piensan en alguna multa, aunque sea mínima y simbólica, junto con un plan de pagos sin mayores presiones y extendido en el tiempo. En ambos casos, a los trabajadores se les reconocería la antigüedad declarada, lo que luego avalaría el reclamo jubilatorio de los empleados. La idea de un perdón amplio surgió de las reuniones del Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca con los representantes de la CGT, lo que, entre otros beneficios para el oficialismo (además del diálogo), eclipsó el llamado a un plan de protesta lanzado por parte de la central sindical a días de las PASO y que amenazaba con un posible y nuevo paro general. A cambio, Triaca y los triunviros cegetistas avanzaron en la posibilidad de aplicar un blanqueo amplio y universal, como nunca se había visto en el país. Triaca logró el apoyo de varios representantes en la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña y en muchos de los políticos oficialistas que deben lidiar en la campaña electoral con los líderes sindicales.
La sola mención de un "jubileo" de este tipo crispa los nervios de los responsables fiscales del Gabinete. El Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne como el resto de los responsables de la recaudación creen que un perdón laboral de semejante magnitud sería más que contraproducente para la imagen de seriedad que se le quiere dar a la relación entre la sociedad y los recaudadores de impuestos y administradores de los fondos públicos. Tanto Dujovne (que en ese momento no era ministro) como el titular de la AFIP, Alberto Abad, se mostraban contrarios a los perdones fiscales, afirmando que este tipo de llamados languidece la voluntad de cumplimiento. Más cuando los beneficios son generosos. A cambio se propone un "plan de pagos" o alguna "moratoria" con quitas de parte de la deuda y de los intereses, mejorando y flexibilizando los regímenes actuales.
El "ala política" considera que esta alternativa tendría "gusto a poco" y que no generaría el verdadero fin que se busca con el blanqueo: que la sintonía con los sindicatos sea lo suficientemente amplia y fina como para que los gremios más poderosos terminen aceptando cambios en las reglas laborales, "flexibilizando" los derechos actuales. Obviamente, el nombre que se les pondrá a las reformas será otro. Ya sabe el Gobierno que en las negociaciones gremiales no se podrá avanzar en cambios en la relación de los sindicatos con los afiliados, incluyendo la posibilidad, "a la brasileña" de crear representantes por empresa. Salvaguardado este derecho pétreo del sindicalismo argentino, los gremios están dispuestos a negociar cualquier otra modificación. Más si, como se supone con un blanqueo, implicaría más ingresos a las arcas de las obras sociales al tener más trabajadores cuyos empleadores paguen en tiempo y forma sus aportes.
