“Mi gobierno lamenta esta nueva acción unilateral”, empieza el documento firmado por el canciller Jorge Taiana, dirigido a su colega Reinaldo Gargano. Luego sostiene que la medida “provoca un agravamiento de una situación de por sí tensa entre ambos países.”
La crisis diplomática recrudece dos días antes de que los vecinos de Gualeguaychú empiecen otro corte de las rutas binacionales en rechazo de la instalación de Botnia y coincide con los preparativos de la Cumbre Iberoamericana que se organiza en Montevideo, donde el presidente Néstor Kirchner viajará mañana.
En el texto, Taiana se remite al fallo de La Haya del 13 de julio pasado, en el que se instó a los dos países a «abstenerse de cualquier acción que pueda hacer más difícil la resolución de la presente controversia». Reitera que hubo «una flagrante violación» del tratado y advierte: «La Argentina observa que, al conceder el referido permiso, Uruguay actúa de manera incompatible con los requerimientos de la Corte Internacional».
La irritación en el gobierno de Kirchner estalló cuando la semana pasada los representantes argentinos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se enteraron en un plenario de rutina que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas uruguayo había permitido a Botnia un aumento significativo del volumen de agua que puede extraer del río.
Es una resolución del 12 de septiembre. «El proyecto de la empresa decía que necesitaba 30 millones de metros cúbicos al año; ahora se los autorizó a tomar 60 millones», dijo el encargado de temas ambientales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela. Según su visión, esa decisión «agravará el riesgo ecológico» a partir de un mayor vertido de fósforo y nitrógeno: «Van a llenar el río de algas venenosas».
El miedo a la contaminación figura en la carta de protesta: allí Taiana menciona que la actividad de Botnia tiene «entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río y la calidad de sus aguas».
La Cancillería argumenta que Uruguay estaba obligado a consultar a la Argentina antes de aplicar otra medida con posible riesgo sobre el río. Es la misma idea por la que decidió presentar la denuncia en La Haya, por entender que el proyecto de Botnia (y el de la española ENCE, ahora en suspenso) debió pasar la aprobación previa de la CARU. La Corte Internacional, pese a rechazar un recurso de amparo de la Argentina, opinó que el inicio de las obras no puede considerarse «un hecho consumado».
Un ministro nacional sugirió a LA NACION que la posibilidad de diálogo estaba cortada de antemano. El Gobierno cree que ya no hay posibilidad de que Uruguay pida a Botnia parar las obras y empiece de cero la negociación bilateral que requeriría la instalación de una planta industrial sobre el río fronterizo. Sin esa condición, la única salida puede marcarla La Haya.
La protesta de ayer subraya que la Argentina «se reserva el derecho de adoptar las acciones legales que estime corresponder» ante los foros internacionales. «Uruguay trata de forzar la ejecución de un proyecto que mi país considera contrario a una protección ambiental adecuada del río», machaca Taiana en la nota diplomática.
