Esta semana, un grupo de pasantes recorrieron el centro, dejando en cada comercio un formulario. “El municipio había salido a verificar en forma masiva y eso fue lo que causó molestias. El Centro recogió todas las quejas en cuanto a las verificaciones. Los comerciantes se habían ofuscado un poco”, indicó.
Esa situación posibilitó la realización de un apagón de protesta durante el fin de semana largo. “El tema del apagón era un tema que salió del Centro en cuanto a hacer alguna manifestación en cuanto a la nueva imposición de la cartelería que es una ordenanza vigente nueva a partir de diciembre de 2012”, indicó Kleiman.
Sin embargo, desde el Ejecutivo se comunicaron con el CICS para desactivar la protesta y se abrió una mesa de diálogo. Kleiman explicó cual es el pensamiento de la entidad intermedia respecto del tema. Indicó que están de acuerdo en una normativa que busque evitar la contaminación visual. “Nosotros lo que pretendemos es que no sea prioritario el cobro de la tasa y que sea prioritaria la no contaminación ambiental”, añadió el presidente del CICS.
Según sostuvo, en la ordenanza no se diferencia un cartel de publicidad de un letrero que anuncia el rubro y el nombre del negocio. “Es diferente de la publicidad cuando se está promocionando un producto. Lo que pretendemos es que haya una diferenciación entre quienes lucran con publicidad en la cartelería, que paguen tasa, y los que tengamos un cartel con medidas acordes a lo que es el negocio, solamente informando que acá hay un determinado comercio, no tenga que estar tributando”, explicó Kleiman.
“Estamos de acuerdo en que tiene que haber una reglamentación. No cualquiera puede venir e instalar un cartel de dimensiones en cualquier lugar. Lo prioritario es que no contaminemos, que no cubramos sitios históricos o que haya cartelería con riesgo de que se caiga en la vía pública. Preocupémonos por eso primero y no por querer cobrar”, señaló.
En tal sentido, Kleiman añadió que el comercio permanentemente está haciendo frente a inspecciones y verificaciones y una presión impositiva y fiscal “agobiante”. Por lo que una nueva imposición “cae no en buen momento”. “Todas las semanas decimos que tenemos un cumpleaños. Todos los días tenemos algo que pagar. Realmente es una lista larga de cosas que pagamos. Siempre es el mismo sector el que tiene mucha presión fiscal”, indicó.
“No es recaudatorio”
En Concordia desde la década del 70 estuvo vigente una ordenanza que contemplaba una tasa mínima. Pero en diciembre pasado, los concejales aprobaron un proyecto de ordenanza que produjo un cambio completo de la normativa vigente. Ese día, Alberto Armanazqui, concejal del FPV, negó que se tratase de una norma con fines recaudatorios. “Le puedo asegurar que no, que la comunidad se quede tranquila que no es ese el objetivo. Fundamentalmente nos hemos basado en el tema de la contaminación visual. Realmente había una contaminación muy importante en Concordia”, indicaba ese día.
Esta tarde, el edil admitió que hubo una reunión con el CICS e integrantes del Ejecutivo donde se abordaron los cuestionamientos. Y reiteró lo dicho en diciembre. “De ninguna manera esto es recaudatorio, simplemente hay multas para que no haya abusos pero el objetivo no ha sido recaudatorio”, remarcó.
En coincidencia con lo solicitado desde el CICS, el edil explicó que los carteles identificatorios de comercios de hasta 1 m² “no tienen costo”. “Les dijimos que lean la ordenanza. Eso está en la ordenanza, ¡por favor!”, recalcó. En efecto, el artículo 14° de la ordenanza establece las exenciones. Inciso c): “los pintados, rotulados o imágenes en vidrieras o vitrinas de negocios que se limiten a señalar el nombre de su propietario o de comercio, su actividad, dirección, etc.”.
“Si dice ‘kiosco Pepito’, el kiosco Pepito no paga porque identifica al kiosco Pepito pero si dice ‘kiosco Pepito’ y hace mención a 10 proveedores ya ahí tiene un costo”, ejemplificó, dejando en claro que esa práctica desnaturaliza el objetivo de que un comercio logre ser reconocido por la clientela.
“Ellos lo que cuestionaron es alguna actitud de un grupo que ha salido a controlar y a notificar una especie de declaración jurada con un formulario que tienen que llenar en donde declaran que tipo de cartelería tiene ese comercio”, dijo Armanazqui.
De la tarea se encargan cinco pasantes de la carrera de Seguridad e Higiene de la UTN. “Consideramos que era necesario para que esta ordenanza pueda tener vigencia, que los comercios vayan sabiendo cuales son las nuevas normas con respecto a la cartelería”, indicó.
El edil indicó que el Concejo debe legislar para toda la sociedad. Y, en ese sentido, señaló que la prioridad de la norma cuestionada es la contaminación visual y la seguridad del peatón. “Hay un montón de carteles que la comunidad de Concordia ha sido testigo de que con las inclemencias climáticas los carteles han terminado desparramados por toda la ciudad y no hay responsables. En esta ordenanza se prevé que haya un responsable técnico que firme una factibilidad y que lleve una habilitación al municipio con una serie de medidas”, manifestó.
Hablando sobre seguridad, Armanazqui dijo que si hay un incendio en la peatonal, debido a la cantidad de carteles ubicados, un camión de bomberos no puede ingresar. “Pegaría en todos los carteles”, dijo.
“Hay un montón de cosas pero los comerciantes interpretaban como que esto es una persecuta, una nueva forma impositiva de recaudar y les puedo asegurar que desde ningún punto de vista se nos cruzó que esto sea una cuestión recaudatoria”, finalizó
