Benítez no dudó en señalar que la tasa será traslada a la factura que pagan los abonados a la telefonía celular. De hecho, recordó que en los años 90 cuando se les incrementó el porcentaje de Ingresos Brutos al 5 % que pagan en la provincia “lo que hizo Telecom fue trasladarlo y ponerlo en el precio”.
Además dedujo que si no es trasladado a las tarifas, la otra consecuencia posible es le retraso en las inversiones. Concordia es una ciudad que tiene zonas donde la señal es deficiente o no hay como en Osvaldo Magnasco. En otros lugares, cerca de la costa del río Uruguay, los celulares captan las antenas del lado uruguayo generando un problema de roaming internacional. “Esto lo que va a provocar es que se terminen retrasando las inversiones”, indicó. “La población humilde es la más perjudicada porque no va a tener señal en los barrios donde hay más celulares y poca señal”, indicó.
En un despacho de minoría que firmaron Benítez y Carola Laner (UNA-Frente Renovador) solicitaron que la tasa sirva para conformar un mapa con la ubicación de las antenas en la ciudad, disponible en Internet, y la radiación no ionizante que emiten. Incluso, sostuvo que en Capital Federal, Rosario y Córdoba tienen mapas interactivos como el descripto. De esa forma, los vecinos saben qué tipo de radiaciones tiene en su vivienda. “Eso es un servicio que la municipalidad puede realizar”, indicó.
Para ello pidieron que el expediente vuelva a comisión y desde allí respondan varios interrogantes. Entre ellos, la existencia de recursos humanos y técnicos que permitan realizar un mapa de la ciudad con la ubicación de las antenas y sus radiaciones. Pero la sugerencia no fue tenida en cuenta y se aprobó tal como venía del Ejecutivo.
Para el edil, establecer un control de antenas que solamente consista en saber dónde está la antena es muy laxo. En consecuencia, la intención es llevar un control de la radiación de cada antena. “Es una obligación del Estado hacer estos controles”, indicó. En consecuencia, indicó que se debería conformar un departamento interno en el municipio que se encargue de ese tipo de tareas. “Por la seguridad, porque se trata de una contaminación visual, porque generan radiación no ionizante”, manifestó.
La necesidad de conocer la cantidad de antenas que emiten apunta a conocer en profundidad cual es el nivel de radiación que emiten. Benítez indicó que, al contrario de lo que se piensa, mientras más antenas se instale, menor es la intensidad de la señal irradian. De esa forma, se genera menor impacto ambiental.
No obstante, se desconoce si el municipio tiene tanto los recursos técnicos como el personal capacitado como para realizar un mapa de esas características. Por ende, propuso que lo que se recaude sirva a esos fines.
En cambio, indicó que no se puede establecer tasas sin realizar los controles correspondientes. “No puede ser que la tasa que estoy cobrando no me lleve a armar ese equipo para el control”, señaló. “Toda tasa debe tener una relación directa con la contraprestación que vamos a ejercer. Si voy a tener una tasa de contralor de higiene, tengo que tener un departamento de control de higiene con profesionales en alimentos e higiene y la salubridad”, indicó.
Benítez sostuvo que los impuestos deben ser utilizados para objetivos de políticas gubernamentales. Y por ello trajo a colación una propuesta de “ecotasas” destinadas a beneficiar impositivamente a quienes construyan con terrazas verdes o con estructuras de construcción que lleven esa impronta.
“La política tributaria tiene que tener objetivos de políticas gubernamental y acá parece que el único objetivo que existe es recaudar”, reseñó. “No podemos establecer tasas sin saber el nivel de control que tenemos que tener y cuál es el costo de ese control. No puede ser únicamente el objetivo recaudar para Rentas Generales”, indicó.
