La funcionaria deberá emitir un dictamen con su opinión sobre la validez o no de las subas. Si bien no tiene un plazo para hacerlo, se estima que no pasará de una semana.
La opinión de la Procuración no será vinculante para lo que decida la Corte, pero retrasará los planes del Gobierno, que pretende una rápida definición judicial del asunto.
El Máximo Tribunal de Justicia debe expedirse sobre las impugnaciones judiciales que surgieron en todo el país a las subas en el servicio de gas.
En este marco, la semana pasada el gobierno nacional presentó ante la Corte el informe técnico con el detalle de la situación tarifaria en materia de gas en todo el país previa a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería que definieron los nuevos cuadros tarifarios, por ahora suspendidos judicialmente.
El informe presentado por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, consta de 80 páginas y se elevó a raíz de un pedido formulado por la Corte Suprema de Justicia el 12 de julio pasado.
