“Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 familias serían las que podrían ser sujetas a este beneficio”, dijo Goodfriedt. Pero explicó que debe determinarse, en conjunto con el municipio, que familias se seleccionarán. “Hay que hacer un estudio que lleva tiempo por lo largo, extenso y numeroso”, aseguró. Las familias mencionadas en la actualidad se encuentran “colgadas” del suministro eléctrico. “Están ‘enganchadas’ del servicio”, puntualizó.
La Cooperativa, independientemente de la posibilidad que prospere la tarifa social, está llevando a cabo un plan de regularización de usuarios. “Estamos ‘desenganchando’ para incorporarlos al sistema. Hemos reincorporado gente que había dejado el servicio y muchos nuevos”, dijo. “Pero 5.000 son muchos para nosotros, no hay capital disponible, tenemos una situación deficitaria desde hace mucho tiempo”, explicó el titular de la Cooperativa.
El gerente comercial de la Cooperativa, Ing. Federico Schattenhofer, aseguró que en este semestre se impusieron una meta: recuperar 1.000 conexiones. “Estamos a un día de cerrar el período y esa meta se ha cumplido e incluso superado: hay 1.200 conexiones nuevas”, indicó.
El trabajo implica una labor tanto social (se determina que capacidad de pago tienen, que deuda poseen con la Cooperativa y acordar un plan de pagos) como técnica. El último barrio que han cerrado con éxito ha sido el Concordia I. “Se han recuperado 150 conexiones”. En el barrio Independencia, aseguran desde la distribuidora eléctrica, en pocos días finalizarán un trabajo similar con un resultado exitoso. “Todo eso se hace en una oficina móvil, con el trabajo de una asistente social”, precisó Schattenhoffer. Asimismo, la Cooperativa ya está trabajando en los barrios: Toronjal, 128 Viviendas, Villa Adela y Belgrano Sur.
Los resultados son variables. “La primera experiencia que se hizo fue en el barrio ‘Las Tablitas’ de Benito Legerén. Lo ponemos de ejemplo porque han pasado tres años y se mantienen las conexiones. En otros barrios no hemos tenido tan buenos resultados”, indicó. De todos modos, la Cooperativa no obtiene ganancias: “hay inversiones que realizar y el recupero de esas inversiones no están contempladas e este tipo de obra porque la tarifa está muy deprimida pero sí se recupera el nivel de energía facturada”, expresó Schattenhoffer.
Rebaja de impuestos y tasas
Goodfriedt aclaró, al principio de la entrevista, que no contaba con mayores datos sobre la iniciativa que anunció el gobierno provincial, excepto lo trascendido a través de informaciones periodísticas. “No hemos recibido ninguna comunicación oficial”, indicó.
“Desde el lado de la cooperativa siempre hubo intención que se implemente la tarifa social que permitiría que gente que hoy no está en el sistema pueda incorporarse”. Para el titular de la Cooperativa, la tarifa social tiene tres ventajas: la seguridad para las familias, la disminución del consumo mediante el autocontrol y la posibilidad de arrimar un pequeño ingreso a las exhaustas arcas de la Cooperativa.
Para que la tarifa se implemente, se necesita que la Nación, la Provincia y el municipio disminuyan la presión fiscal sobre la tarifa. “Esto permitiría que la tarifa sea prácticamente el precio del consumo de la energía o tal vez menos de eso”, añadió el presidente.
Schattenhofer explicó que la energía eléctrica para el consumido residencial está gravada por diversos impuestos y tasas que se llevan más entre el 50 y el 60 % de la factura. Incluye: impuesto provincial para un fondo específico (18 %), contribución única municipal (8,61 %), tasa de alumbrado público (varía entre el 13 % y 23 %) y el IVA (21%).
Medidores comunitarios
La otra porción de socios de la Cooperativa Eléctrica que no tienen medidor individual son las familias cuyo suministro se realiza mediante los medidores comunitarios. En Concordia hay 70 medidores comunitarios que distribuyen energía a cerca de 4.500 familias. Mediante este sistema, la provincia se hace cargo del costo de la energía.
La Cooperativa aspira a mantener los medidores comunitarios. “Creemos que reincorporar a todos implica una tarea muy grande, pensemos en 10.000 familias. Es mucho dinero. En cambio, si la provincia nos sorprende con un aporte específico para poder hacer instalaciones nuevas y darle el servicio individual a las personas, es otro tema”.
Schattenhoffer explicó que hay otro escollo que impediría que estas familias puedan sumarse a la tarifa social. “Es gente que no tiene capacidad de pago, tenemos un estudio de la UNER donde se demuestra que esa gente y muchas más está con las necesidades básicas insatisfechas lo cual implica que es muy difícil que pueda pagar un servicio”, agregó.
Uso racional
Las autoridades de la Cooperativa explicaron que se descarta un sistema que permite llegar a un determinado tope y no mayor uso. “Tiene un costo muy alto que no está a nuestro alcance”, explicó Goodfriedt. En cambio, se trabajaría en convencer a la gente a priorizar un uso racional de la energía. El tope sería 140 kw/h mensuales, equivalentes a $ 15 o $ 16 mensuales.
