Gran parte de los decanos de las facultades públicas y universidades privadas de Entre Ríos expresaron, en consonancia con lo que está pasando el resto del país, su preocupación ante la nueva ley de pasantías, –sancionada el 18 de diciembre de 2008, aunque aún resta reglamentar- y que tuvo como principales impulsores al abogado laboralista de la CGT, diputado Héctor Recalde y la senadora entrerriana Blanca Osuna.
La saga de cuestionamientos a la flamante ley Nº 26.427 comenzó cuando EL DIARIO advirtió, un par de meses atrás, que la mayoría de los empresarios entrerrianos evaluaban como negativa a la iniciativa legislativa y que “desalentaba la incorporación de estudiantes a las empresas”, según expresó oportunamente Gabriel Bourdín, a la sazón presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos.
Algunos días después, más precisamente el 23 de marzo, se concretó una reunión para intercambiar percepciones sobre el tema entre empresarios y decanos y autoridades universitarias –en la que paradójicamente participó una hija de la senadora Osuna, Ma. Victoria Molina, en su carácter de secretaria de Extensión de Rectorado de la Uader- y donde se desmenuzó el texto de la ley en el que se fueron presentando los reparos y donde se planteó directamente la necesidad de buscar modificar artículos que abiertamente se consideran nocivos.
Todos piden la continuidad de la herramienta académica y consideran “loable” el espíritu que envuelve a la iniciativa y los objetivos que persigue.
La mayoría de los representantes de las universidades entendieron, en esa oportunidad, que con la incorporación del Art. 19 que propone que la relación del pasante se convierta en relación laboral e intervenga el Ministerio de Trabajo y los juzgados laborales para la resolución de los conflictos, las pasantías sufrirán una baja importante, al tiempo que los empresarios insisten en sostener que el nuevo esquema incorpora nuevos costos al sector privado.
En general, las universidades se oponen, aunque no todos.
La Uader, en esa reunión mantuvo una visión optimista a la ley, y que –quizá con buen criterio- solicitó a las universidades mayor compromiso con el pasante y la relación para no tener que llegar a instancias en los fueros laborales.
En este marco, quienes también se muestran a favor son las carreras “blandas” como Comunicación Social y Trabajo Social, que filosóficamente están en contra de las pasantías como herramienta, lo que fue considerado por el resto de los decanos como muy respetable.
El diario recogió algunas opiniones al respecto y pudo saber que esta semana habrá una jornada de reflexión abierta –aún sin fecha ni lugar- entre las casas de estudios para dejar en claro la posición y hacerlas pública, para luego mantener un encuentro de trabajo con la senadora Blanca Osuna.
El decano de la Facultad de Abogacía de la delegación Entre Ríos de la Universidad Católica Argentina, Roberto Quinodoz, aseguró que la nueva legislación, en gran parte va a frustrar el propósito de fomentar las pasantías que persigue, y pone a los empresarios en situación de desconfianza y cautela, injustificada, y por la cantidad de requisitos que conlleva, y desalienta la contratación.
“Quizá el propósito del legislador ha sido loable para evitar fraudes laborales, pero lo cierto es que la experiencia muestra que son pocos los casos en que se constató fraude, y los alumnos prefieren la cuestión académica y profesional. En la forma que quedó el texto de la ley se percibe una sobreproctección al pasante, por lo que el empleador ha tomado tantas precauciones para evitar demandas judiciales que ya se advierte una caída en el porcentaje de interés en los números de estudiantes haciendo pasantías”, precisó el reconocido abogado.
Los hombres de las universidades creen que hubo pocas consultas, sobre todo en la provincia, especialmente porque una de las principales impulsoras es entrerriana, y mucho menos se consultó con el alumno, que en esta etapa de su vida privilegia siempre los aspectos académicos y de vinculación con el mundo del trabajo por sobre los aspectos sociales, sin perjuicio de castigar los excesos.
Eduardo Muani, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, por su parte, cree que esto va más allá del empresariado, porque afecta especialmente a los organismos del Estado, y la ley sólo habla de aquellos que tienen personería jurídica.
“Aquí quedan afuera –dice el contador- las personas físicas e individuales, estudios contables, empresas unipersonales, etc. Se trata de un error de concepto, un error gravísimo, porque excluyen a las empresas de único dueño, y a los estudios contables, por ejemplo. En mi facultad, donde llevamos un riguroso sistema de evaluación, control y seguimiento de las pasantías, hay 148 pasantías, y muchas en ellas en estudios contables. Los alumnos no están en precariedad laboral porque realmente le permite al alumno el contacto con el mundo del trabajo”.
Aquí mismo, insisten en el tema que al involucrarse Trabajo y la Justicia, la pasantía pierde todo su sentido educativo, poniendo, además, al tomador del pasantía en una situación de vulnerabilidad ante cualquier controversia.
Otro de los problemas reside –argumentan- en que hay una cláusula transitoria en al ley por la cual no se pueden renovar las pasantías que están en marcha, dejando al alumno sin su vinculación laboral y sin la conclusión de la instancia académica.
“Eso está mal y en ese aspecto la ley se equivoca”, concluye Muani, quien también rescata el respeto por la intencionalidad que manifiesta la ley.
Quinodoz y Muani reconocen que es inminente una jornada de reflexión de la ley entre todas las universidades, y que el primero hace hincapié en cuidar los abusos, pero cree que “al poner demasiado énfasis en los excesos, se incurrió en un exceso de protección, y quizá sin quererlo va contras si misma. Yo no tengo dudas de las buenas intenciones de los legisladores, pero la realidad indicada que un pasante costará lo mismo que un trabajador común, y los empresarios dejarán de tomar pasantes”, concluyó.
Principales cuestionamientos:
a)- La ley genera incertidumbre y piden rever algunos artículos.
b)- El artículo 19 plantea la posibilidad de que la relación del pasante se convierta en relación laboral e intervenga el Ministerio de trabajo y los Juzgados laborales para la resolución de los conflictos.
c)- Sólo aquellos que posean personería jurídica pueden contratar pasantes, muchos de los que hoy tienen convenio no cumplen este requisito.
d)- La tipificación de la relación entre pasante y contratador,
e)- Dicen que las universidades han fracasado en los intentos de comunicarse con los autores de la Ley para consultarlos acerca de los fundamentos de la misma y su aplicación, pues genera muchos inconvenientes para la Universidad.
f)- Los empresarios dicen que no fueron consultados.
g)- Para los empresarios, la Ley parte del supuesto que los empresarios usan las pasantías como relación laboral encubierta y que abusan de esta relación.
h)- Los empresarios estarían asumiendo un mayor riesgo en la relación.
i)- Que de acuerdo a los nuevos requisitos, obra social, porcentaje del sueldo de acuerdo al convenio del trabajador vigente, ART, es hoy oneroso contratar un pasante.
j)- El pasante pierde así las posibilidades de capacitarse, cobrar un incentivo y tener una oferta laboral una vez terminada la pasantía. Además genera un grave problema en los casos donde la práctica es parte de la currícula y se exige para otorgar los títulos.
k)- Que se traba la relación universidad – empresa.
