Estas palabras fueron consideradas una alusión a la gestión del gobierno argentino ante organismos internacionales para frenar una asistencia financiera de 1800 millones de dólares destinados a la construcción de las polémicas fábricas de papel.
La iniciativa uruguaya ya provocó cuestionamientos de entidades de protección del medio ambiente y manifestaciones populares en los dos países. En abril pasado, un reclamo de argentinos y uruguayos reunió a unas 40.000 personas que cortaron el puente internacional que une Fray Bentos con Puerto Unzué.
Para la semana próxima está prevista otra marcha, organizada por una asamblea ambientalista en Fray Bentos, que planea llegar con su protesta hasta Montevideo.
El principal cuestionamiento del gobierno argentino es que Uruguay se niega a hacer un estudio del impacto ambiental del proyecto, tal como acordaron los presidentes Kirchner y Vázquez en mayo. Este punto fue tenido en cuenta por la Confederación Financiera Internacional (dependiente del Banco Mundial) para frenar el desembolso de los 1800 millones de dólares.
Sin embargo, Gargano insistió ayer en que su país “hizo dos estudios de impacto ambiental para otorgar los permisos” a las empresas que llevarán adelante el proyecto: ENCE, de España, y Botnia, de Finlandia.
Las dos compañías dijeron que aplicarán en las plantas tecnología aprobada por la Unión Europea. No obstante, el embajador Raúl Estrada Oyuela, encargado especial de Asuntos de Medio Ambiente Internacionales del Palacio San Martín, explicó que lo que no aclaran las empresas es que la normativa de la UE establece que este tipo de tecnología sólo podrá usarse hasta 2007, fecha en que la única opción para que este tipo de plantas siga funcionando será reconvertir la tecnología.
Ambos establecimientos producirán la pasta celulósica con un método denominado kraft. De esa forma, por cada tonelada de pulpa que se elabora se liberan a la atmósfera entre uno y tres kilos de dióxido de sulfuro, característico por el olor a huevo podrido. Las partículas sulfurosas se combinan con la humedad de las nubes y caen con la lluvia, la nieve y el rocío, y es lo que se conoce como «lluvia ácida».
Según las entidades ambientalistas, en los espejos y cursos de agua, la lluvia ácida implica la desaparición de pequeños animales y del fitoplancton, lo que, con el paso del tiempo, termina con el resto de los animales. En el suelo, la acidez envenena las raíces de las plantas y en el ser humano la lluvia ácida incrementa las afecciones respiratorias y los casos de cáncer.
La empresa finlandesa Botnia prevé producir anualmente cerca de un millón de toneladas de pasta de celulosa; mientras que la española ENCE procesaría unas 400.000 toneladas.
Los ambientalistas recuerdan, cada vez que pueden, los problemas ecológicos que ENCE ha tenido en Pontevedra, donde, por ese motivo, fue multada por las autoridades.
Tibios intentos
Ayer, de todos modos, hubo tibios intentos argentinos para intentar despejar el cerrado frente de tormenta que por la mañana cubría la relación entre nuestro país y Uruguay, según el «mal pronóstico» del que habló Bielsa.
El canciller encomendó al subsecretario de Política Exterior, Roberto García Moritan, hablar con el embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, para que transmitiera al canciller Gargano la voluntad de diálogo de nuestro país, pero hasta anoche no había respuesta al convite.
Por la mañana, en declaraciones radiales, Bielsa admitió que existe «un punto de roce» con Uruguay.
«Ninguna palabra que diga pueda ser un elemento que haga escalar una diferencia (entre ambos países), que es muy grande», destacó el canciller.
Igualmente, dijo: «Estamos haciendo todo lo que necesitamos para la defensa de los intereses de nuestro país, en coordinación con el gobierno de Entre Ríos, y no tengo buen pronóstico».
En ese sentido, Bielsa expresó su poca confianza en que el tema «llegue a buen puerto» y, por lo tanto, advirtió: «Creo que vamos a tener que pasar a otras instancias posteriores» (de la prevista en el Estatuto del Río Uruguay).
«Uruguay, unilateralmente, levantó las dos reuniones que habíamos previsto -agregó- para poner a funcionar una comisión que iba a medir el impacto ambiental de una obra de esta naturaleza y sus consecuencias sobre Gualeguaychú y las costas aledañas.»
El canciller dijo que llevar adelante estas acciones, «para la Argentina, es una obligación constitucional».
Argumentó, en favor de la posición de nuestro país, que si no existiera el peligro cierto de contaminación, «Uruguay no debería tener ningún problema, de una vez por todas, en poder hacer la medición del impacto ambiental, como acordaron los dos presidentes hace un mes y medio, ante mi presencia», afirmó. En lugar de eso, sostuvo, Montevideo «ha levantado las dos reuniones».
Pero Bielsa advirtió que «el problema no es solamente para la República Argentina» y comentó al respecto que «hay una instancia jurisdiccional en Uruguay». Según dijo, son «los propios uruguayos [los que] tienen muchas dudas, no sobre la inversión en sí, sino sobre la tecnología que usan estas plantas papeleras».
Explicó que se trata de una tecnología que ya no se utiliza en Europa, lo que implicaría invertir más recursos.
Al mismo tiempo, el gobierno entrerriano avanzó en los preparativos de una presentación judicial del asunto tanto ante la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Internacional, según dijo ayer a LA NACION el vicegobernador, Pedro Guastavino.
