Los aserraderos no fueron clausurados, sino inhabilitados temporalmente algunas máquinas o sectores de los galpones, que representan un inminente “peligro” para la vida de los obreros por las condiciones en la que se encuentran.
La Dirección relevó las condiciones edilicias de los establecimientos, muchos de los cuales están en condiciones precarias. “A las empresas que detectamos que los trabajadores podían correr riesgos, las intimamos a que en un plazo de 10 días regularicen la situación y acondicionen las maquinarias o instalaciones eléctricas. A esas maquinarias o sectores se dispuso inhabilitarlos, pero no clausurar la planta”, indicó el funcionario a El Diario.
Las sanciones aplicadas no representan una detención de las actividades de los aserraderos, pero las sierras o determinadas instalaciones que no cuentan con las normas de seguridad, quedaron temporalmente fuera de servicio.
Las intimaciones y plazos de cumplimientos, varían según las anomalías detectadas. “A algunas empresas se les estableció un plazo de 10 ó 15 días para cumplir con los requisitos, a otras se les dio un plazo de 30 días, porque la irregularidad detectada era que no tenían la cantidad de baños necesarios en relación con la planta de personal”, indicó Balla.
El operativo abarcó empresas madereras y de la construcción, ubicadas en el sector urbano de los departamentos Concordia, Federación y Colón. En tanto, desde ayer, los inspectores de Trabajo se encuentran haciendo un relevamiento en la zona rural y en los montes.
Tal como adelantó DIARIOJUNIO el pasado martes 1º de agosto, también se encontraron con empleados trabajando en situaciones de precariedad laboral. Teniendo en cuenta sólo los aserraderos, se detectó que un 45 % de los empleados trabajaba irregularmente. “Un operativo realizado el rubro maderas relevamos 632 trabajadores, y más del 45 % no está inscripto”, acotó.
En el caso de los trabajadores no inscriptos en Anses, es decir aquellos que están en negro, las empresas tienen un plazo de cinco días para regularizar la situación, según consta en el acta labrada por la Dirección Provincial de Trabajo. No obstante, se indicó que las firmas —si demuestran voluntad de querer encuadrarse en las normas legales— pueden pedir un plazo mayor al fijado.
En caso de no hacerlo, deberán pagar una multa que oscila entre 250 y 1.000 pesos por trabajador que esté en situación irregular. “Con el relevamiento e inspección que realizamos, los trabajadores que están sin registrar están amparados. Si las empresas, en vez de inscribirlos deciden despedirlos, los obreros tienen la vía administrativa para hacer su reclamo o la judicial”, indicó el funcionario.
La mayoría de los obreros no registrados y que desempeñan tareas en los aserraderos u obras en construcción son entrerrianos. “La mayoría de los trabajadores relevados son de la provincia o tienen domicilio acá desde hace muchos años. No nos sucedió lo mismo cuando hicimos las inspecciones en las plantaciones de arándanos, donde detectamos que la mayoría de los obreros habían sido traídos de otras provincias, como Santiago del Estero”, acotó.
El operativo se efectuó en Colón, San José, Villa Elisa, Chajarí, Federación, Villa del Rosario, Concordia, Colonia Roca, Colonia Ayuí, Nueva Escocia y Colonia Mabragaña.
