“Uno es el vehículo que no se puede individualizar y otra cosa es el vehículo que se puede individualizar, que está toda la documentación pero que quien lo conduce lo venía haciendo en condiciones antirreglamentarias por no uso del casco o lo que fuere”, indicó Mc Loughlin. El letrado aclaró que esos vehículos no están secuestrados sino imposibilitados de seguir circulando hasta que se subsane el problema de seguridad que genera debido a las condiciones en las que se encuentra. “Si el tipo viene sin una luz, el vehiculo queda secuestrado y podrá seguir en el momento, previo al pago de la infracción, subsane la infracción incurrida porque eso hace a la seguridad del tránsito”, explicó.
Mc Loughlin indicó que, previo al remate de un vehículo retenido por una infracción de Tránsito, un juez en lo civil debe determinar que corresponde el remate para cobrar la multa o la deuda generada por la estadía del vehículo en un lugar seguro. “El juez lo que va a decir es: ‘señores acá hay una deuda liquidada por planilla de liquidación fiscal. Tiene cinco días para que usted decida si usted se opone por algún motivo atendible o no. Sino se opone ni lo paga ni dice nada que sea atendible, la ejecución va a seguir adelante’. En ese caso, el juez dicta sentencia mandando llevar adelante la ejecución”, señaló.
Incluso, señaló que la Justicia podría determinar cobrar de otra forma, evitando el remate, si el infractor tuviese una cuenta corriente a su nombre. “Ahí no habría ningún problema constitucional de por medio”, expresó.
El abogado indicó que, desde su punto de vista, las autoridades municipales quieren rematar las motos secuestradas con problemas de documentación. “En una época los patios de Tribunales estaban abarrotados de motos”, recordó. En ese caso, la referencia es para las que no coinciden los números que identifican los motores y los chasis porque los originales fueron adulterados. “Han perdido su propia identidad porque la moto es motor y chasis; no se sabe de quien son y no se puede restituir a ninguna persona que pueda decir ‘esta es mi moto’ porque no lo es. Tiene una parte que puede ser pero la otra no”, indicó.
Mc Loughlin señaló que, debido a que no había leído el proyecto, no creía que le rematarán la moto “al tipo que no llevaba casco”. Porque, de lo contrario, opinó: “no creo que lo puedan hacer”. “Desde el punto de vista constitucional no se puede hacer. Incluso si viniera una ley que dijera eso, sería inconstitucional”, indicó.
En cambio, quien manifestó lo contrario fue el vicepresidente del Concejo Deliberante, Mariano Giampaolo, quien sostuvo que hace tiempo que querían rematar las motos abandonadas pero no podían hacerlo en forma autónoma desde el municipio. Pero entiende que ahora el camino quedó liberado debido al pronunciamiento de la Legislatura. “Las Cámaras (Diputados y Senadores) son las que tienen facultades para disponer medidas sobre la propiedad de los bienes”, señaló. En ese sentido, dijo que la adhesión de los municipios “va a cerrar el círculo”.
Más adelante, señaló que, a su criterio, la norma tampoco es constitucional debido a los fines que persigue la norma. “Lo que viene a hacer esta norma es completar una política de lucha contra las infracciones de tránsito”, indicó. En ese sentido, sostuvo que hay muchos conductores que prefieren dejar abandonados el vehículo antes que “hacerse cargo de las sanciones”. “Esto genera una situación muy disvaliosa a la hora de aplicar la normativa”, dijo.
Asimismo, indicó que el destino de los fondos será el financiar campañas de concientización y políticas de prevención vial que serán determinadas por la Dirección de Tránsito.
Más adelante, arriesgó a señalar que es “poco probable” que los infractores cuestionen la constitucionalidad de la norma porque ni siquiera concurren a Tránsito para informarse sobre las multas “dejando motos más de un año tiradas deteriorándose”. De esa forma, “los vehículos prácticamente los vehículos se destruyen solos a la intemperie o en un galpón por el no uso”. En cambio, con la ley se revalorizan los vehículos “reinsertándolos de alguna manera en el mercado”.
“Son fundamentos más que valederos para considerar constitucional esa normativa”, redondeó. El edil acotó que de esa forma se da una respuesta a un sistema que permite olvidarse de la moto retenida y comprarse otro vehículo debido a las facilidades con que se otorgan créditos para abastecerse de un mercado que produce 450.000 motos al año “Por eso se necesitan, ante realidades especiales, decisiones extraordinarias, No se puede seguir así, en el caso de la municipalidad se llenó el segundo galpón con motos que no son reclamadas”, argumentó.
Giampaolo también agregó a la cuestión de fondo la posibilidad de poder dotar de movilidad a las fuerzas de seguridad como la Policía de Entre Ríos o la Gendarmería mediante la cesión de vehículos de alta cilindrada para utilizarlas en tareas de prevención.
Por su parte, el concejal Alberto Armanazqui (FPV) indicó que, cuando la ley sea promulgada por el Ejecutivo provincial, van a adherir desde el Concejo. Y aclaró que todos los vehículos que permanezcan más de seis meses en los galpones estarán en condiciones de ser enajenados.
En ese sentido, indicó que los titulares de las motos que se rematen van a estar en conocimiento de la situación y tendrán la prioridad “hasta el último minuto” de quedarse con el vehículo en el remate. Las motos que no puedan circular por haber sido adulteradas también serán rematadas pero como chatarra.
Tal como lo expresó Giampaolo, el edil sostuvo que una de las ideas que surgieron de la última reunión del Consejo de Seguridad es ceder vehículos a las instituciones encargadas de la seguridad.
Al mismo tiempo, Armanazqui dijo que escuchó una versión consistente en gente que había comenzado a autoconvocarse para reclamar que no se rematen. “Nosotros no tuvimos ningún pedido. Hablé con el Juzgado de Faltas para ver cuanta gente iba y pedía financiación y los porcentajes son muy bajos”, indicó. De todas maneras, sostuvo que están dispuestos a dialogar con quienes quieran movilizarse por el tema. Armanazqui dijo que estaba sorprendido de que haya personas dispuestas a marchar sin haber intentado transitar el camino del dialogo previamente. “Me llama la atención este movimiento porque no ha habido un reclamo masivo ni en el Juzgado ni a nosotros como concejales para revertir esta situación”, manifestó.
Quien si ha charlado con personas disconformes con la ley fue el concejal bustista, Alberto Zadoyko (FEF), quien confirmó esta tarde que hay un grupo de personas que están intentando dialogar con el intendente Gustavo Bordet mientras que otros lo hicieron en forma particular con algunos concejales. “Tal es el caso mío, yo he recibido y sé que están por hacer alguna presentación por escrito”, indicó. Cabe acotar que el miércoles pasado, luego de la sesión, el vecinalista Miguel Segovia manifestó a DIARIOJUNIO que estaba en contacto con propietarios de motos retenidas y que analizaban los pasos a seguir para manifestarse en contra de la adhesión del Concejo.
Zadoyko señaló que las personas contrarias a los remates solamente coinciden con que se lleve a cabo ese procedimiento en los casos de motos con problemas de dominio pero no con aquellas que tienen su documentación en orden. Y reclamaron “flexibilidad” y “facilidades” para recuperar sus bienes. “Manifiestan que la utilizan para el trabajo”, señaló.
Por ello, sostuvo que se debe proceder con precaución, esperar la reglamentación, y no conducirse de forma apresurada adhiriéndose sin conocer a fondo la normativa. “Hay que tener cuidado en ese aspecto. Nos ha pasado con el carnet único de conducir que ha comenzado a funcionar con bastantes errores en Concordia”, dijo.
“Creo que en forma general es positiva porque no hay ni siquiera espacio en donde tenerla. Si los propietarios no se han presentado durante años por su situación es evidente que no se han preocupado pero hay que ver la forma”, concluyó Zadoyko.
