La iniciativa establece “la revisión de las tarifas establecidas desde el 1 de enero de 2016, en los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, transporte y distribución de gas, agua potable y desagües cloacales; transporte público automotor y ferroviario de pasajeros; las concesiones viales con cobro a usuarios y los precios fijados para el gas natural”.
Por otro lado, propone que “se declare como servicio público la producción, captación y tratamiento de gas natural con destino al sistema de transporte”.
Asimismo, la propuesta incluye la realización de audiencias públicas antes de cada aumento en los servicios públicos. En este sentido, destaca que “la suma de las tarifas aplicables de los servicios públicos no podrá en ningún caso superar el diez por ciento de los ingresos de cada grupo familiar”.
El proyecto lleva las firmas de Grosso, Lucila De Ponti, Silvia Horne, Araceli Ferreyra y Victoria Donda, que comparte interbloque con el Movimiento Evita. Y además suscribieron la monobloquista santafesina Alejandra Rodenas, la rionegrina María Emilia Soria (FpV-PJ), el puntano Karim Sbodio y el socialista Luis Contigiani.
