Jáuregui viajó a Paraná ayer y tuvo acceso a la información sumaria de los hechos ocurridos el 5 de abril de 2023 en los tribunales de Concordia. Se trata de un sumario determinado por la presidencia del STJ (Superior Tribunal de Justicia). El abogado indicó que pudieron acceder a todo lo investigado desde el punto de vista administrativo. “Luego de analizar el voluminoso expediente porque es grande, el instructor sumariante hizo una labor bastante certera y no terminó, podemos encontrar algunas cuestiones que se van aclarando”, dijo.
Jauregui advierte dos hechos trascendentales que tiene como nexo la falta de comunicación interna en Tribunales. “El hermano aviso que poda pasar algo, esto lo corrobora la secretaría de coordinación que fue y dijo eso y lo corrobora más aun la policía que dice que si le hubieran avisado, hubiera tomado los recaudos para evitar que pase”, indicó. De hecho, se preguntó como pudo entrar a Fiscalía cuando ni los abogados lo pueden hacer. “Un testigo dijo que entró rociándose un líquido de color azul que creemos que es nafta con alcohol. Todo eso pudo haber evitado … pero lamentablemente no se llegó a tiempo”, añadió.
La segunda cuestión planteada por el letrado es que también falló la comunicación desde fiscalía al Ministerio Público de la Defensa respecto de que debían asesorar a la mujer. “No hay notificación; no hay constancia”, dijo. Eso significa que el Ministerio Público de la Defensa “nunca se anotició de esa situación”. “Esto hubiera podido preverse, si la mujer no entendía acompañándola para que la asesore gratuitamente la defensoría”, explicó el letrado.
Para Jáuregui, la falta de comunicación entre fiscales y defensores no es una excepción sino la regla. “Esto desnuda una irregularidad general que hay. En este hecho queda evidenciado”, indicó. “No hay comunicación probablemente porque está atestado de casusa en los dos ámbitos”, indicó. Por ello, sostuvo que esa situación debería sufrir una modificación a futuro dentro del protocolo interno. “Ese canal interno entre el Ministerio Publico Fiscal y la defensa no funciona. De haber funcionado, el desenlace hubiera sido otro”, mencionó.
El tercer punto es que quien apaga el foco ígneo en la cabeza de Sandra Martínez fue una persona ajena al ámbito tribunalicio. “Estaba dentro de la Fiscalía, citado para una ratificar una denuncia y luego intervenir en una rueda de reconocimiento como persona invitada a la rueda de reconocimiento”, sostuvo. Lo que se deduce es que el personal judicial no hizo nada para evitar el hecho.
El cuarto punto ya fue mencionado la semana pasada y se debe a la intervención del 107 (Servicio de Emergencias) que fue cuestionado porque envió a la mujer con las quemaduras al Hospital Heras cuando debió haber sido trasladada al Masvernat sin demora. Jáuregui dijo que esa es otra falla en el sistema, aunque no se puede valorar como decisiva ya que quizás el desenlace hubiera sido el mismo.
“Hay varias irregularidades, varias inconsistencias que eventualmente tienen que generar consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas pueden ser administrativas que son las que se están dilucidando y además pueden ser de responsabilidad civil del Estado frente a todo esto más allá de que criterios jurisprudenciales de que el nexo causal se interrumpe con el suicidio y eso exonera o deslinda de responsabilidad”, indicó.
Pero Jauregui cuestiona ese criterio ya que, si bien hay un suicidio, considera que hay causas que precedieron al mismo. Entre ellas, “una clara inacción en materia de prevención y una omisión en los deberes de vigilancia”, expuso. No obstante, aclaró que no encuentra una falta grave de los funcionarios. Sí puede haber irregularidades administrativas que se van a aclarar más adelante con el sumario. “Lo va a elevar el instructor sumariante al pleno y ahí van a resolver que pasa con esto”, añadió.
“Este hecho tiene que llamar la atención de los prestadores del servicio de Justicia. De hecho, les ha llamado la atención sino no estarían investigando. Pero tiene que haber algunas modificaciones. No puede volver a repetirse una situación de este tipo”, dijo Jáuregui.
Párrafo aparte para el Juzgado de Familia ya que había actuado en favor de la víctima. El letrado indicó que hay un expediente que Sandra había iniciado contra un familiar el 28 de diciembre de 2022. “Había medidas restrictivas que se fueron renovando, había dictámenes. Ahí está todo más o menos en orden”, recalcó.
Además, se había abierto una causa penal “Martínez, Sandra Beatriz sobre su muerte” por el suicidio, pero fue rápidamente enviada al archivo. “Nosotros pedimos la revisión, pero eso todavía no se resolvió”, indicó. A pesar de ello, el letrado accedió a lo investigado en la causa penal porque fue incorporados al sumario a pedido del STJ. “No hay una conducta punible”, indicó. Y añadió que ya no es una cuestión medular a esta altura de los acontecimientos.
