Ese mismo razonamiento hizo el presbítero Sergio Jacob, titular de la Junta de Educación Católica del Arzobispado de Paraná. “Cada escuela va analizando los aumentos en función de cómo evolucionan sus costos. El consejo que damos es que cada una vaya viendo hasta qué monto necesita actualizar los aranceles. Más allá de que las autorizaciones las tiene que dar el Estado, las escuelas tienen que subsistir, y cada apoderado sabe lo que necesita en función de los cargos y horas cátedras que tienen reconocimiento económico, y cuáles no”, señaló el sacerdote.
De acuerdo a lo que indicó Bodean, lo que las escuelas privadas le han planteado al CGE es que “actualice las bandas arancelarias” con las que se manejan actualmente los institutos de enseñanza. Pero no hablan por ahora de porcentajes ni de sumas determinadas. “Lo que sucede es que el año pasado pedimos un aumento del 20 % y en vez de eso lo que autorizó el Consejo de Educación fueron sumas fijas de entre 5 a 10 pesos, que resultó insuficiente”, añadió.
En realidad, el Estado sólo regula las cuotas que perciben los colegios privados que cuentan con algún tipo de subvención económica oficial para el pago de salarios de los docentes; el resto, los institutos particulares, se regulan por la ley de la oferta y la demanda. Hasta 2004, los institutos de enseñanza se regían por la resolución Nº 231 del año 1999 que fijó las bandas mínimas y máximas de aranceles que las escuelas estaban autorizadas a cobrar en concepto de inscripción y cuotas. En nivel inicial, EGB I y II, los montos variaban entre 15 y 51 pesos; en EGB III y Polimodal, de 32 a 99,20 pesos; y en nivel Superior, de 53,20 a 211,75 pesos.
El año pasado recién el Estado habilitó una actualización, con vigencia para el ciclo lectivo 2005 en porcentajes del 3 al 65 %. Así quedó establecido en la resolución Nº 5.490, del 15 de diciembre de 2004, ponderó la necesidad de autorizar nuevos aumentos de modo de que cada escuela pueda fijar una cuota que le permita la “subsistencia económica”, y habilitó a incrementar entre 5 y 10 pesos por bandas.
INSUFICIENTE
El principal argumento que estimen los apoderados de los colegios privados para aplicar nuevas subas en las cuotas es el incremento en los costos, particularmente en lo que hace al salario docente, ya que no todos los cargos y horas cátedra cuentan con reconocimiento económico del Estado. Hace dos meses, sin embargo, el Gobierno abrió el grifo y aportó más fondos a la educación privada, aunque desde el sector dicen que, aunque ponderable, resultó insuficiente.
“Reconocemos el gesto del Gobierno. Pero, sin menospreciar, decimos que sigue habiendo cargos y horas no reconocidos. Y frente al aumento de algunos costos, nos lleva a una situación en que, si no tomamos una decisión de incrementar las cuotas, vamos a una situación en la que se torna insostenible mantener el equilibrio financiero de nuestras instituciones. El Estado no autorizaba actualizaciones desde 1999. Recién lo hizo en 2004, y en medio se produjo la devaluación y toda la crisis que sobrevino después”, dijo Bodean.
El presupuesto 2005 contempló un aporte del Estado del orden de los 64 millones de pesos para sostener la educación privada, aunque el gasto no acompañó el crecimiento de la matrícula ni la ampliación de servicios de los últimos años, y eso derivó en un fuerte desfase que hace dos meses el Gobierno pretendió subsanar. Pero las previsiones dicen que para superar el desfase que arrastran muchos colegios, que sostienen con recursos propios el pago de los salarios de sus docentes, se debería incrementar la inversión en unos 10 millones más por año.