La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12. Entre los delitos que señala la titular de la Coalición Cívica-ARI se encuentran el envenenamiento y el abuso de autoridad.
Además apuntó que la operación es un atentado “contra la salud pública” y una “defraudación al Estado”.
La exdiputada apuntó que los funcionarios atentaron “contra la salud pública”, defraudaron al Estado e incumplieron sus deberes de funcionario público en las “gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”.
En la denuncia se incluye además a “cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia, para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna SputNik V”.
Los delitos denunciados son atentado contra la salud pública; defraudación al Estado, e incumplimiento de deberes de funcionario público. Las diputadas Mariana Stilman y Mónica Frade y el diputado Juan Manuel López también firmaron la denuncia. Frade “exhortó” al gobierno a darle al pueblo “opciones alternativas como el Dioxido de Cloro.”
