Los ex concejales opositores Marcelo Spinelli, Arturo Batistella y Eduardo Miranda fueron citados a declarar como testigos en la primera jornada del juicio que comenzó ayer, donde se investiga una presentación realizada por los propios ediles en el año 2003.
Spinelli recordó que por entonces, “nosotros entendíamos que había una irregularidad manifiesta por parte del municipio, cuando accedimos a una factura que era trucha por donde se la mire”.
El ex concejal detalló que durante la gestión de Orduna, la comuna pagó una factura por un viaje que se había realizado en el mes de enero de 2003, pero la factura fue emitida en el mes de junio. Pero cuando se remitieron al expediente “encontramos una segunda, con las mismas características”.
A esto agregaron que para la DGI, la empresa “Noto Bus” no existía, como así tampoco coincidía el número de CUIT con el del titular de la firma, identificado como Carmelo Noto. La clave única era en realidad de una mujer, la cual se dedicaba a otra actividad, con el agravante que habían sido dados de baja hacía unos años.
Como si esta fuera poco accedieron “a un listado de personas que supuestamente habían viajado a la cosecha de obreros, pero en el ANSES nos dijeron que esas personas nunca habían sido dadas de alta como trabajadores. Es decir, no viajaron y si viajaron trabajaron todas en negro, algo bastante extraño”. Como frutilla, el domicilio de la factura era un descampado.
Todo este cuadro “nos hizo sospechar que además de la factura trucha, el viaje nunca se había realizado”, destacó Spinelli.
Causa y Orduna
En la causa están imputados el titular de “Noto Bus”, Carmelo Noto y el ex director de Producción y Trabajo, Néstor Rameri, quien contrató y pagó a la empresa de transporte cerca de $ 14.000, con el supuesto objetivo de trasladar a obreros de la fruta a la zafra del sur del país.
El delito que se investiga es el de defraudación contra la administración pública,
que tiene una pena que va de dos a seis años de prisión.
Spinelli trajo a colación que por esos días, Orduna “sostenía que se trataba de una contratación totalmente normal”, por la urgencia de la situación. Pero el abogado radical entiende que “si se trataba de una situación de excepción, debía figurar claramente en el decreto que la instrumentaba, explicando los motivos de la urgencia”.
Insistiendo con: “A mi me cuesta creer que Orduna no estaba al tanto. Porque ya en ese entonces la contadora Liliana Viera trabajaba de manera muy cercana al intendente (Orduna) y luego terminó siendo su pareja”. Sumando a esto “que tiempo después, ya en la gestión del intendente Juan Carlos Cresto, era muy celosa de los pasos administrativos. Tan celosa que le valió la separación de su cargo, por que según Cresto, le obstruía la administración municipal”.
Pero Spinelli destaca que, como contracara, Viera “avaló el pago cuando se estaban violando de manera grosera todas las normas. Porque cualquier persona medianamente formadas se daba cuenta que era una factura trucha”.
