El viernes pasado tuvieron una audiencia con el director de Recursos Naturales de la Provincia a quien le presentaron documentación de todas las denuncias que han realizado en el municipio. Las denuncias “han sido muy precisas en cuanto a cómo llegar, a que distancia de Villaguay, qué camino vecinal, cerca de qué vecinos o de qué escuelas”. De lo único que adolecen es de la identidad de los propietarios de la tierra. “No sabemos si es de una S.A. o de quien es”, añadió.
En cambio, saben que en la provincia existe una ley que prohíbe el desmonte de más de 100 has. “Ningún desmonte en el departamento Villaguay bajó de las 100 has.; todos son arriba de 250 o 300 has.”, sostuvo. Díaz aseguró que el espíritu de la ley era permitirles a los pequeños productores desmontar esa superficie para sembrar soja. “Pero los grandes empresarios compran con monte, se instalan con cuatro o cinco topadoras –cobran $ 180 la hora- y con cinco topadoras arrasan con todo el monte”.
Aunque en algunos casos piden autorización para desmontar 100 has., siempre se exceden porque saben que las multas son “irrisorias”. “Nosotros nos enteramos de un caso que pidió para 100 has., desmontó 500 y pagó $ 21.000. Es un precio, que comparado con lo que cuesta una topadora, es nada; un vuelto”, precisó el integrante de la ONG. Todo esto agravado porque los montes que se desforestan son nativos. “Hay especies de 200, 300, 400 años de antigüedad que se pierde. Es irreversible”, agregó.
La ONG también denuncia que el 80 % de las máquinas terrestres que están operando en Villaguay son ilegales. “Deberían estar inscriptas para cumplir con la ley de agroquímicos y el 80 % son ilegales”, sostuvo. Un caso es el de la empresa “El Peruano”. Sucedió en Aldea Pérez: “fueron sacadas a la noche cuando se hizo la denuncia en carretones que decían ‘El Peruano’ por el túnel subfluvial”.
Complementariamente a la desforestación, avanza el monocultivo de soja con sus inconvenientes: la pulverización. “El 73 % de nuestros habitantes rurales no tiene energía eléctrica, el 33 % no tiene agua. Encima que venga un “mosquito” (máquina pulverizadora) y te queme tu huerta, el árbol frutal, el arbolito de sombra. Eso hace que la gente mire más la ciudad que el campo”, precisó. Todo desemboca en la emigración del campo a la ciudad. “Los gurises no se adaptan, empiezan a delinquir; el alcohol; hacinamiento familiar, todos los problemas sociales que acarrean”, sostuvo Díaz.
Los ecologistas están pensando en presentar un recurso de amparo ambiental con abogados del foro local como hizo el Foro Ecologista de Paraná. “La Justicia hasta ahora acá no ha actuado”, dijo. Señaló que hay un “montón de intereses” que hacen muchos miren para el costado. “Está el que vende la camioneta, el que vende agroquímicos. Hay una cadena de bienestar que hacen que todos se hagan los distraídos”.
Asimismo, reivindicó el proyecto de ley de agroquímicos que está preparando el Colegio de Ingenieros Agrónomos. “Al poblador rural hay que cortarle (la pulverización) a 50 mts. antes de la vivienda; si hay una caserío, avisar 24 hs. antes; no se puede aplicar en edificios escolares”, señaló.
“Las épocas de campaña de pulverización es sin control. El empresario sitúa el lote a través de un GPS y manda el avión o el mosquito o el que siembra a través de un celular. Nadie tiene responsabilidades”, señaló. La ONG tiene fotos de “mosquitos” en momentos de ser lavados en arroyos. “Algo totalmente prohibido”, enfatizó.
SOS Villaguay tiene diez años de existencia. Nació cuando una empresa norteamericana construyó una represa en uno de los afluentes del Gualeguay. “Se juntaron 4.000 firmas en ese momento en contra de ese represamiento”, señaló. El argumento fue que la represa estaba prohibida por las leyes provinciales y se destruía “la Cascarita del Tigre”. “Un lugar muy bello, típico, emblemático del Gualeguay”. Si bien lograron destruir la represa -construida para riego de arroz- y la empresa la volvió a levantar 2.000 metros más arriba pero la cascada “quedó destruida”.
