“Como un actor relevante del mercado eléctrico acompañamos en su momento el sinceramiento de las tarifas propuesto por el Gobierno. Un 700, 800 por ciento podría ser algo razonable. Pero con este incremento nuestra tarifa queda un 1800 por ciento por encima de marzo de 2016. Un hogar cuyo consumo es de clase media baja ya está pagando 5400 pesos por mes de luz en nuestra ciudad. Ya no es posible trasladar nuevos aumentos a los usuarios, nos obligaría a cortar masivamente el servicio por falta de pago y es algo que no vamos a hacer”, analizó Ciapponi ante este diario.
El 27 de diciembre pasado, el ahora ex secretario de Energía Javier Iguacel anunció el cronograma tarifario para 2019. El mes que viene, el Gobierno aplicará un aumento del precio de la energía mayorista del 38 por ciento. El precio de la energía es uno de los componentes principales de la boleta eléctrica, junto al precio del transporte y del valor agregado de distribución. En el caso de la CALF, la cooperativa adquiere la energía a la empresa estatal Cammesa en el mercado mayorista y luego le suma los costos de distribución para definir los precios finales a los usuarios.
“El peso del costo de la energía sobre el presupuesto de la cooperativa ha venido creciendo sin pausa. En este momento, es decir antes del aumento de febrero, explica el 70 por ciento del presupuesto. Después tenemos impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales y nos queda aproximadamente un 15 por ciento de los costos para afrontar la masa salarial, el mantenimiento de la flota de vehículos y gastos de comercialización. Nuestra última factura de Cammesa fue de 100 millones de pesos y el aumento de febrero nos implicaría por todo concepto otros 50 millones de pesos mensuales. Para la cooperativa no hay forma de afrontar esa suba de costos sin trasladarlo completamente a los usuarios, y los usuarios no pueden soportar otro aumento”, sostuvo Ciapponi.
El dirigente eléctrico cuenta que el equipo técnico de la cooperativa realizó un análisis del mercado mayorista que entregará a los autoridades para justificar por qué el nuevo aumento no se explica por necesidades objetivas del mercado. “Si han tenido aumento de costos es por una mayor importación y significa que no se han realizado inversiones en generación”, dice. Uno de los pilares de esta posición es discutir la dolarización del precio que reciben las petroleras, dado que explotan un recurso natural ubicado en suelo nacional utilizando insumos locales, o sea, en pesos.
“Además, el servicio es deficiente. En febrero de 2018, en Neuquén tuvimos cinco días con cortes rotativos por fallas en el sistema de transporte. Y más recientemente falló la Central Alto Valle y nos dejó las tres primeras horas de la Navidad sin luz a un cuarto de la ciudad. Quieren cobrar 50 millones de pesos más, la calidad del servicio no se ve y encima no cierran los números de los costos marginales del gas”, agrega Ciapponi, quien espera lanzarse a la arena política este año. “He tenido propuestas de sectores que estoy analizando. Creo que tengo equipo, vocación y respaldo para ser el candidato a intendente en la ciudad de Neuquén”, dijo cuando ganó la elección en la cooperativa en septiembre pasado.
Ciapponi advierte que Edenor y Edesur reciben condonación de deudas por parte del Estado y créditos subsidiados y que otras distribuidoras acumulan deuda con el Estado a la espera de la reestructuración o reciben ayuda provincial. Sin embargo, intentará reunir voluntades en el sector para oponerse a la suba del precio de la energía mayorista.
