“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes -expresa el documento de los gobernadores-. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.
Contra el decreto de Macri
Los diecisiete mandatarios aseguran que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia” y que el Gobierno porteño reclama “recursos que no le corresponden”.
El documento explica que al momento de la sanción de la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que “era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.
“Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias”, afirma el texto.
Los gobernadores señalan que este porcentaje “fue modificado de una manera injusta e injustificada” por el decreto 194/2016 que firmó Macri, mediante el cual elevó los puntos de coparticipación de la Ciudad a 3,75 por ciento en detrimento del resto de las provincias con la excusa de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad.
La semana pasada, veinte provincias aprobaron el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, y contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.
“Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, añaden los mandatarios provinciales.
“El federalismo no se negocia”
En el documento, los gobernadores denuncian que reciben “los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan”, que pagan el combustible más caro y que tienen que sostener económicamente a sus fuerzas de seguridad.
“Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos -afirma el documento-. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.
El documento está firmado por Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán, (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad, (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodríguez Saá, (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
La disputa entre Nación y Ciudad
El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA se retrotrajera nuevamente al 1,4 por ciento.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones, plazo que vence hoy.
