La autoconstrucción de viviendas, vista como un proceso social, es una estrategia muy importante en la formación y transformación de los sectores más indefensos de la comunidad. Es una apertura que estimula el trabajo en equipo, propicia una práctica que genera confianzas de pertenencias, cambios de conductas y a su vez, interrelaciona los recursos del Estado con eficiencia y responsabilidad.
La idea de promover soluciones mínimas al problema habitacional en Concordia por parte del Estado, asociada al concepto de “autoconstrucción” fue y es muy estimulante.
De hecho los Programas de Emergencia Habitacional y de Autoconstrucción y Ayuda Mutua, subsidiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Desarrollo de la Nación, con la fiscalización técnica, económica y urbanística por parte del municipio y la provincia, tiene una llamativa dinámica y es llevado adelante por 45 cooperativas de trabajo que agrupan a más de 700 personas.
Lo interesante se da porque estas experiencias contribuyeron a la formación de un modelo de intervención social, que fue reproducido en otras realidades del quehacer cotidiano con éxito.
Solución o más precariedad
Ninguna política social impulsada por el Estado que tenga como objetivo atacar un déficit, puede tener “soluciones” con tanta precariedad como lo observado en el asentamiento Villa Gobernador Cresto, un barrio dónde las manifestaciones más significativas de desigualdad y de exclusión social, se hacen irrebatibles.
Allí viven 115 familias que no han podido implementar otra estrategia para reclamar por la construcción de sus viviendas (lo que tantas veces les han prometido y no han cumplido) que la de acampar casi un mes frente a la CAFESG, esfera hoy reconocida por muchos concordienses como el lugar “donde está la sede local del gobierno provincial y donde se tiene que ir a exigir por las promesas de campañas políticas”.
Para facilitar “soluciones rápidas” al problema habitacional planteado por los vecinos de la villa, el gobernador Jorge Busti apuntó a que se valdría de una política que viene realizando la provincia llamada “Viviendas de Interés Social”. Destinando en su primera etapa, $2.000 para 40 familias de las 115 demandantes, con el propósito de que se implementen grupos habitacionales, con un convenio que apunta, según el gobernador, a “atacar la precariedad de las viviendas de los barrios precarios en Concordia”. El convenio también establece que la Cafesg se encargará de suministrar personas capacitadas en albañilería para trabajar junto con los vecinos en los planes de autoconstrucción para mejorar las viviendas.
Cabría preguntarse si lo propuesto por el gobernador Busti revela un programa social de autoconstrucción de viviendas serio que pretende enfrentar la problemática habitacional de este asentamiento. También si responde a pautas mínimas de planificación edilicias y de urbanización, si se consultó con el organismo competente municipal, si está aprobado el loteo en ese asentamiento y si hay responsables técnicos de la construcción de estos módulos o si tan sólo es otra coartada de los tiempos electorales que transcurren.
DEBATE Y OPINIÓN examinó en el propio asentamiento, cómo se orientan los patrones pautados en el convenio suscripto entre el Estado provincial y los vecinos, en el marco del programa que el gobernador entiende como “autoconstrucción”.
La expansión y localización del asentamiento Villa Gobernador Cresto (recordemos que era una quinta cítrica que en el año ‘98 el entonces intendente Juan Carlos Cresto anunció que sería el primer barrio ecológico de la ciudad) no está planificado, a la vista está que las formas de apropiación del suelo son sumamente desordenadas, que precisamente no responde a esa premisa ambientalista-ecológica que obligó a un trazado diferente a la cuadrícula para respetar los árboles de citrus que allí existían.
El albañil Gregorio Lazzaroni, responsable técnico de la construcción de estos cuarentas módulos (o como se denominan en el plan: viviendas de 6,40 x 4,30 mts, y un baño de 1,80 x 1,40 mts) señaló a DEBATE Y OPINIÓN que “nosotros somos subcontratistas porque fuimos contratados 14 personas que formamos parte de la Cooperativa de Viviendas Ex Aero club por una contratista (dice no saber quienes son sus contratantes) que a su vez contrató el gobierno y nos pagan $ 1.600 por cada una de ellas, con la obligación de hacer 10 módulos por mes”.
El responsable técnico del programa de “autoconstrucción” (así denominado por el gobernador Busti) explicó que “la construcción de estos módulos no responde a ningún plano que esté aprobado por la Municipalidad.
“Se va encuadrando el módulo de acuerdo al pedido del vecino, que dicho sea de paso la mayoría no nos ayuda. Lo vamos haciendo a ojo respecto al nivel de calle, pero tampoco tenemos en forma exacta dónde es la traza correcta de la calle. ¡Ah, recuerde que no hay servicio de agua, cloaca y luz, todo es precario!”, aclaró el “técnico”.
Esto muestra a todas luces dos cuestiones: no existe coordinación entre las pautas de urbanización y de planificación del municipio y el programa provincial de “autoconstrucción”, Viviendas de Interés Social”. La segunda cuestión es que el Estado es un excelente promotor para construir viviendas para una pésima calidad de vida de los habitantes.
Poco se ha avanzado en entender que la política social que tenga como objetivos combatir integralmente la pobreza, la marginalidad y la desigualdad en esta ciudad, no puede dejar de lado la problemática del déficit habitacional. Más aún, las políticas de mejoramiento del hábitat popular son condicionantes del éxito de las demás políticas sociales, en el marco de los principios del desarrollo urbano sustentable.
Estas medidas, tomadas recientemente para facilitar “el acceso a una vivienda” por parte del gobernador Busti, han tenido un efecto más paliativo que de solucionar efectivamente la falta y la precariedad de viviendas.
A pesar de la ayuda, su principal propuesta para solucionar el problema de falta de viviendas dignas, ha quedado en el tintero.
