Huss explicó al diario Uno que la iniciativa surgió en la primera reunión informativa para empezar a divulgar y, en los casos que resulte necesario, facilitar asesoramiento respecto de la ley 26.564, promulgada en diciembre de 2009 que indemniza a las víctimas del terrorismo del Estado.
Los beneficios alcanzan a los que entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada de personas, o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las mismas. En la norma se incluye “a las víctimas del accionar de los rebeldes en los acontecimientos de los levantamientos del 16 de junio de 1955 y del 16 de septiembre de 1955, sea que los actos fueran realizados por integrantes de las fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, o por grupos paramilitares o civiles incorporados a alguna de las fuerzas”. Asimismo, a los militares en actividad que por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional fueron víctimas de difamación, marginación o baja de la fuerza; a quienes hubieran estado en ese período,detenidos, procesados, condenados o a disposición de la Justicia o de los Consejos de Guerra.
