Soldado discriminada por embarazo envía Carta Documento al Jefe del Regimiento 6

Atento vuestro accionar, absolutamente antijurídico , irregular , y altamente agraviante, consistente en haberme expulsado verbalmente e impartir a posteriori instrucciones a sus inferiores para que instrumenten tal medida en mi perjuicio, sin motivo alguno que lo justifique y pese a estar en conocimiento de mi estado de embarazo, argumentando para ello que mi estado impedía que cumplimente sus órdenes y ello determinaba un bajo rendimiento, ya que no me podía “arrastrar” en la pista de combate y en el terreno ; a lo que se sumó que posteriormente fui presionada a firmar documentación de cónclave lo que no concreté por no corresponder; y por último , eventualmente como una sanción a mi negativa de suscribir la documentación que pretendió imponerme, me comunicó verbalmente que estaba bajo arresto por diez días de cumplimiento en el cuartel , además de agraviarme y destratarme verbalmente.- En orden a lo anterior, dice la Carta enviada con el asesoramiento de Martín Jauregui, y habida cuenta que no transgredí ningún deber a mi cargo, ni incurrí en falta disciplinaria alguna, así como tampoco falté en momento alguno el respeto a mis superiores, ni desobedecí órdenes impartidas, resultando imperioso y urgente que permanezca en mi domicilio y no en el cuartel por razones de salud física y psíquica conforme surge de documentación médica obrante en mi poder, Intímole aclare inmediatamente mi situación, y regularice la misma en la documentación y procesos internos que hubiere dispuesto, ya que no se puede estar de baja y arrestado a la vez, haciendo desde ya y a todo evento las reservas de derechos y acciones a los que la situación dé o diere lugar en el marco del estado militar, sin perjuicio de las acciones privadas que me corresponden en la justicia civil, por los daños morales y materiales ocasionados y que pudieren ocasionar sus actos, y conductas que además comprometen y vinculan al Ejército Argentino.-Asimismo, hago expresa reserva de recurrir en alzada ante el Poder Ejecutivo Nacional del que dependen y comunicar la situación a los organismos internacionales de derechos humanos.-