Entre los aspectos centrales que se destacan del decreto, y por el cual trabajan en su derogación, los legisladores refieren que “el DNU avasalla derechos adquiridos, como los que surgen de la vigencia de la ley 27.201 que crea el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADED) y la Asignación Universal por Hijo en el Deporte, acción que el Poder Ejecutivo ha complementado con la modificación del Artículo de la Ley N° 20.655 que elimina a la Confederación Argentina de Deportes como autoridad superior, dejando a los clubes, asociaciones civiles y federaciones sin representación institucional en el sistema deportivo”.
Asimismo, Solanas y Filmus advierten “que, en este contexto de crisis provocado por el propio gobierno, el paso siguiente será la eliminación de los clubes de barrio por las Sociedades Anónimas Deportivas, un postergado anhelo de Macri”.
Finalmente, los legisladores reafirman que “el DNU no pasa el test constitucional establecido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en su jurisprudencia: “El texto constitucional no habilita a concluir en que la necesidad y urgencia a la que hace referencia el inciso 3º del artículo 99 de la Constitución Nacional sea la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en imponer su agenda, habitualmente de origen político circunstancial, sustituyendo al Congreso de la Nación”.
