Luego de haber socavado los derechos de los jubilados con la reforma previsional, con el pueblo manifestando su descontento en las calles, pretenden ahora avanzar con la reforma laboral en cuotas, a fin de intentar atenuar el conflicto social que puede desatar desmedido perjuicio a los trabajadores.
No solo que no están dispuestos a escuchar las críticas ni a dialogar con todos los sectores sino que además están decididos a hacer lo que sea necesario para avanzar en sus objetivos que están más que claros: otra vez beneficiar a los ricos en detrimento del pueblo humilde y trabajador.
La sordera del gobierno, profundizada por el énfasis triunfalista, los lleva a creer que todo vale y que ya no es necesario el diálogo ni el consenso. Pero el pueblo ha demostrado que no es un cheque en blanco y ha manifestado a lo largo y ancho de nuestra patria, su rechazo a las políticas de ajuste con los que menos tienen. Por eso, se ven en la necesidad de cambiar la estrategia para lograr aprobar un proyecto que se frenó en el Congreso por el rechazo de toda la oposición.
Con estas “pequeñas” reformas los derechos adquiridos por los trabajadores luego de muchos años de lucha y organización son puestos en peligro generándose un proceso de precarización, pérdida del poder adquisitivo y aumento de la pobreza.
De todas maneras nos opondremos enfáticamente a cualquier reforma que avance sobre los derechos laborales hacia una flexibilización, precarización o políticas de tercerización, y que a su vez proponga la reducción de los costos laborales, basados en la baja de las contribuciones patronales, la anulación de los juicios e indemnizaciones, y que ponga en peligro la vida y la posibilidad de desarrollo de los trabajadores y sus familias.
Sea como sea que se presente, esta reforma arrasa con la Ley de Contrato de Trabajo y las normas protectoras laborales y de la seguridad social y termina siendo lo que muchos sospechábamos desde el principio: una "flexibilización laboral” como ya vimos en décadas pasadas.
