Solanas le planteó al tribunal de justicia su “profunda preocupación respecto a los acontecimientos que se han suscitado en la jurisdicción judicial de La Paz, y que involucrarían una supuesta entrega directa de un bebé a una familia de la ciudad de Buenos Aires”.
Todo ocurrió en medio de una audiencia judicial convocada por el juez Calleja en el marco de la causa “Janza Patricia Zulema y Bernardo Daniel s/Guarda judicial”. El matrimonio conformado por Janza Daniel procuraba quedarse con el bebé que había dado a luz Olga Verónica Bordón, y hacerlo mediante una entrega directa, un procedimiento que el Copnaf reprochó.
Pero más aún, Solanas puso en cuestión la discusión que se entabló en Tribunales en torno al lugar adonde llevar al bebé en disputa: desde el Juzgado se pretendió derivarlo al hogar de menores de Conscripto Bernardi –departamento Federal–, “cuando lo aconsejable hubiera sido que ingresara en la Residencia Socioeducativa Ramón Otero”, en Paraná, dijo Solanas a Pañeda, presidente del cuerpo, ya “que es lugar más adecuado, por razones de seguridad, teniendo en cuenta el marco en el cual se desarrolló la audiencia”.
Asimismo, Solanas señaló en la nota elevada a Pañeda que “ya se venia interviniendo en esta situación desde el año pasado, atento a que se poseían datos referentes a una posible entrega directa del bebé, disponiendo el acompañamiento de la madre, tratando de fortalecer su rol materno, entre otras acciones, sin embargo el hecho igualmente sucedió, habiéndose producido el nacimiento en una clínica privada”, se indicó.
“El hecho denunciado no es el primero que ocurre en la citada localidad, ya han sucedido otros que han implicado entregas directas de bebé, en clara violación a las normas legales vigentes, lo cual nos lleva a presumir que en esa localidad existirían personas que se dedican a realizar maniobras penadas por la ley, y que merecen una investigación profunda por parte de los órganos judiciales competentes, que son los que deben velar por el cumplimiento irrestricto de la legislación referente a la adopción de los niños/as y adolescentes para evitar justamente que se repitan hechos como el relatado que implican entregas directas de niños violentando los procedimientos que deben ser celosamente preservados”, planteó el titular del Copnaf.
En esa inteligencia reclamó que “se adopten urgentes medidas para evitar hechos repetitivos”, y pidió que la mira judicial se ponga sobre las clínicas privadas. Y que se les imponga el cumplimiento acabado de la Ley Nº 9.985, que creó en Entre Ríos el registro único de adoptantes, en el sentido de hacer la denuncia respectiva cuando adviertan situaciones de entrega directa de bebés.
En ese marco, Solanas le pidió al STJ “tomar debida intervención a efectos de evitar que casos similares se vuelvan a repetir, además de ordenar una investigación sobre todos los procesos en los cuales se han entregado niños en guarda a fin de establecer si los procedimientos se han adecuado al derecho vigente o en su caso si se han infringido normas legales de cumplimiento ineludible”.
