El proyecto contiene un marco regulatorio específico, de respeto de los derechos humanos, obligando a las empresas prestadoras de servicios de internet y a los medios de comunicación, a que asuman la responsabilidad social de controlar y denunciar los contenidos negativos o perjudiciales, a los efectos de su prevención y detección.
Según el legislador, el propósito de la iniciativa es “abordar desde un rol activo del Estado, conjuntamente con las empresas y organizaciones de la sociedad civil, esta problemática que a diario da cuenta de graves situaciones de las que resultan víctimas nuestros niños y adolescentes.”
La norma prevé que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) conjuntamente con el Ente nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), sean los encargados de llevar adelante campañas de sensibilización en el tema, ofreciendo instancias de capacitación a proveedores de internet y sitios digitales con el fin de generar contenidos no discriminatorios ni nocivos.
Además y de manera innovadora se prevé que todo retiro de información o contenido debe ser por una orden judicial. De esta manera se concede legitimación para denunciar, a Fiscales, Defensores, e interesados legítimos. La autoridad judicial deberá dictar una medida autosatisfactiva que restaure el derecho vulnerado, en un plazo de 48 horas.
