Al respecto Solanas manifestó:"Sin lugar a dudas, pretender correr a las jurisdicciones provinciales de la política de vivienda implica poner a cada administración provincial y municipal, en una situación de indiferencia frente a la necesidad primordial de la población que gobiernan.".
"A través de un proyecto de Resolución pedimos se revea la resolución, emitida por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que deja sin efecto el "Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica II", el "Programa Federal del Construcción de Viviendas –Techo Digno", el "Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios"; el "Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir II", el "Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales", el "Programa Federal de Integración Socio Comunitario", y el plan de acción denominado "Más Cerca: Más Municipio. Mejor País, Más Patria", sostuvo el legislador.
Así mismo indicó: “Pretenden bancarizar todo lo que el Instituto de la Vivienda viene desarrollando mediante una operatoria propia; esto conlleva el riesgo de que muchos posibles adjudicatarios queden afuera al no calificar para acceder al crédito, quedando supeditado a los criterios financieros de las entidades bancarias. Esta es otra forma de privatizar, corriendo al Estado de sus obligaciones indelegables, fulminando la organización democrática y federal de nuestro sistema de gobierno.”
“No se puede restringir el acceso a la vivienda, porque ello es limitar el derecho a una vida digna, siendo un deber del Estado y de sus funcionarios garantizar ese derecho”, afirmó Solanas.
"Estimamos oportuno se revea el dictado de la Resolución 122, y se continúe garantizando la construcción de viviendas sociales, a través de los Institutos de Vivienda, a los efectos de la continuidad de las obras proyectadas y convenidas, porque de esa manera se garantizará una planificación territorial acorde a las reales necesidades de cada región de nuestro País" dijo el diputado y agregó: “Es una atribución del Congreso, conforme el inciso 19 del Artículo 75 de la Constitución Nacional "…proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social…" y es en función de ello que solicitamos se revea la Resolución 122/2017.”
Al momento de hacer uso de la palabra en la sesión de este miércoles en el recinto, el diputado manifestó:”Evidentemente hay una posición muy clara del gobierno de desprestigiar a quienes organizan en el territorio los planes de vivienda, que son los Institutos de Vivienda.” Y haciendo hincapié en la reunión sostenida días atrás entre el diputado y los trabajadores del I.A.P.V en la provincia de Entre Ríos, sostuvo: “Hay preocupación de los empleados por su destino ya que hay un plan sistemático para desprestigiar los Institutos. (…) Los empleados han advertido que vienen por ellos y eso no lo vamos a permitir.”
El proyecto fue acompañado por el Presidente y la Vicepresidenta de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, Edgardo Depetri, y Cristina Cremer respectivamente, Héctor Recalde, Presidente del bloque FPV, Axel Kicillof, Juan Carlos Díaz Roig, entre otros 15 diputados en total.
