“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica”, dice el informe del Conicet.
“Asimismo, y en cuanto a las ‘buenas prácticas’ a que alude el Ministro de Agricultura, cabe hacer notar que la realidad parece indicar lo contrario, siendo que las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación y resalta que ‘por lo tanto, glifosato y AMPA -su metaolito- deben ser considerados pseudo persistentes’ (CONICET).
Con estas declaraciones, el ministro dejó en claro que “desconoce o descarta el principio precautorio en el cual se basan las leyes ambientales, según el cual ante la sospecha de daño o perjuicio a la salud y al ambiente causado por la aplicación de agrotóxicos debe prohibirse hasta que se demuestre lo contrario”.
Solanas destacó oportuno mencionar que tanto los trabajadores de los pueblos agrícolas, como sus familias, y en particular sus niños, “muchos de ellos continúan siendo envenenados por el glifosato, con la complicidad de un sistema que ha priorizado los grandes negocios de algunos grupos concentrados, por sobre la vida misma; todo ello mediante acciones que han revelado condiciones humanas deplorables, esclavistas, y que fundamentalmente se sustenta en los altísimos niveles de informalidad laboral en el sector y las paupérrimas condiciones de vida de los peones permanentes que deben vivir en los establecimientos rurales”,.
Ante esta crítica situación: “hemos asumido el compromiso de que se visibilice este problemática, de convocar al Estado con el objeto de que se proteja a los sectores más vulnerables, promoviendo por ejemplo la adecuación de la legislación vigente; y así desde el Congreso de la Nación hemos trabajado en dos proyecto de ley, uno el expediente 4474-D-2017 de modificación del Código Penal, que incorpora el Artículo 200 bis, sobre tipificación penal de las realización de fumigaciones aéreas; y otro el proyecto de Creación de la Agencia Federal para la Investigación, Prevención y Tratamiento y Registro de Agrotóxicos, en el Ámbito del Ministerio de Salud de la Nación”.
