En el proyecto de resolución que presentó este miércoles, Solanas solicita “al Poder Ejecutivo Nacional, se sirva informar sobre la Resolución N° 2642/16, por la cual se adjudicaron los Grupos N°1 y N°2 de la licitación a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Escarabajal Ingeniería SRL / Bahía Blanca Viviendas SRL”.
La zona de ejecución de dicha licitación comprende a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y el presupuesto oficial es de 345.670.218,05 pesos. A más de un año y medio la UTE ganadora de la licitación no terminó ninguna de las obras en la provincia de Entre Ríos, motivo por el cual el legislador requiere “brindar detalles sobre el avance de las obras de jardines dispuestas en cada una de las ciudades entrerrianas”.
También pide conocer “la población de niñas y niños a la que estaba prevista comprender, los jardines y/o aulas a construirse en cada una de las ciudades detalladas; la cantidad de obreros empleados, y si registran deudas patronales y previsionales, así como salarios pendientes de pago por parte de la UTE adjudicataria; las certificaciones de obra, pagos realizados, adelantos financieros y constatación de niveles de ejecución y las partidas presupuestarias destinadas y porcentaje de ejecución de las mismas”.
Antecedentes
En mayo de 2016, el Presidente de la Nación Mauricio Macri prometía construir 3.000 jardines en estos cuatro años de gobierno, a través del “Plan Nacional Tres Mil Jardines” el que luego cambiaría por la concreción de 10.000 salas. Ante esto, Solanas advirtió que “todo el proceso de adjudicación y de construcción de jardines maternales ha importado dejar a la deriva a miles de niñas y niños en la provincia de Entre Ríos”.
Valoró en ese marco las declaraciones de la investigadora asociada del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Jennifer Guevara, quien sostiene que “la educación inicial de calidad es particularmente crucial si los niños provienen de hogares de menores recursos, ya que ayuda a igualar las oportunidades”.
Ante esto, “resulta oportuno tener presente que todos tenemos una responsabilidad para con los niños y el compromiso es velar porque ningún niño vea vulnerado su derecho a la educación por cuestiones económicas ni por ninguna otra”, advirtió Solanas.
