A su vez, Solanas solicita al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto el recurso de apelación interpuesto, que según detalla el proyecto, “revela un arbitrario y manifiesto incumplimiento por parte del Estado de Nacional respecto de las obligaciones que le son propias, especialmente de aquellas enmarcadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
En ese sentido, el proyecto del legislador entrerriano solicita la restitución de los beneficios suspendidos.
“Pese a al reconocimiento de la Ministra de Desarrollo Social de que la baja de las pensiones se debía a un error administrativo, se resolvió apelar el fallo, lo que importa dejar sin el beneficio a miles de personas”, afirmó Solanas.
En los fundamentos del proyecto, el legislador destaca “actualmente se pagan más de un millón, aunque el Gobierno, según lo manifestado por algunos funcionarios, quiere bajar notablemente ese número, a través de distintas modificaciones que se plantean, y entre ellas presentar un “certificado único de discapacidad (CUD)”, trámite que puede tardar entre 6 meses y un año”.
“Cabe asimismo hacer notar que ello puede dejar afuera patologías como HIV, chagas, lupus, entre otras”, concluyó Solanas.
