A raíz de esta situación de incertidumbre y precarización laboral, y frente a la posibilidad de advertirse la vulneración de derechos, el diputado solicitó al Poder Ejecutivo que informe si efectivamente existe retraso en el pago de los salarios/becas. Además interroga sobre la naturaleza del contrato que vincula al personal dependiente del Programa y el monto al cual ascienden las becas/salarios. Y por último indaga acerca de que si la relación laboral prevé obra social y aportes jubilatorios.
En los fundamentos del proyecto, el legislador expresó: “El Estado no puede apartarse de la función de garante del derecho a la salud, y como tal debe promover que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad”.
“Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas”, concluyó Solanas.
