La citación judicial a los periodistas del medio, por una protesta que se dio en legítimo reclamo por salarios adeudados y condiciones laborales indignas, produce temor frente a las garantías de la libertad de expresión.
Los dueños están denunciados por vaciamiento, pero la Justicia Laboral al parecer ha priorizado investigar a los trabajadores, quienes fueron interrogados por la jueza sobre una jornada de protesta en particular, tras más de un año de sueldos adeudados, paupérrimas condiciones laborales y deudas en las cargas sociales. Una protesta que se desarrolló sin incidentes.
Son muchos riesgos a los que se expone a una sociedad, a través del punitivismo (o penas severas) frente a acciones propias de la reacción social; como lo son la protesta; ademas de que el mismo promueva enmendar acallando las problemáticas socio- económicas desatendidas de fondo.
Preocupa la tendencia a conductas de tipo represivas que han ocurrido a lo largo de esta gestión nacional, mas que nada por el estado de precariedad en materia de garantías del Derecho Constitucional de protesta, en el que dejó sumida a la Argentina el gobierno nacional anterior; con leyes como el Proyecto X o la Ley Antiterrorista.
Casos recientes como el acaesido frente a la comunidad Mapuche o su antecesor, y de persecución para con la comunidad Primavera (Qom) entre otros, documentan el constante avasallamiento a estos derechos por parte de los últimos gobiernos.
En un clima de cierre de fabricas como hemos venido teniendo en Argentina, de ajustes y recortes a los sectores mas vulnerables; profundizar desde la justicia la ya dífícil realidad a través de la penalización de la protesta; solo conducirá a menores posibilidades de acceder a la paz social.
Firman: Lucas Marcos, Alba Passadore miembros de la Junta Provincial de autoridades del PS de Entre Ríos; Marcelo Haddad- Presidente PS de Entre Ríos; Verónica Magni- Miembro de la mesa Directiva Nacional. Candidatos a diputados nacionales por la Lista 50, Encuentro Social.
