Los socialistas recordaron, a través del documento, que el protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales, un instructivo para equipos de salud que edita el Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación, establece disposiciones muy claras y específicas en relación con la interrupción del embarazo producto de una violación.
En ese sentido reproducen el párrafo tomado textual de la página 20 de dicho Protocolo, donde se consigna, en el punto 3.3, lo siguiente:
”3.3. EMBARAZO PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN. El embarazo resultado de una violación se encuentra contemplado como una de las causales legales de interrupción del embarazo en el Código Penal de la Nación. En embarazos producto de una violación debe informarse sobre la posibilidad de acceder al Aborto No Punible (ANP) y garantizarlo en caso de solicitud. Los procedimientos establecidos en detalle se encuentran en la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación”.
Los dirigentes socialistas cuestionaron las “expresiones públicas en sentido contrario a estas disposiciones” que tuvo el funcionario “en las que opinó en base a convicciones íntimas y/o prejuicios y de ningún modo en el rol de neutralidad activa que corresponde a un funcionario público”.
“Entendemos en ese marco que esa actitud es reprochable, lo cual se suma a que es inadmisible, y por ello mismo la razón principal por la que el Dr. Cettour debe renunciar, su ignorancia respecto de prácticas básicas impuestas al Estado en todos sus niveles, por la ley vigente en materia de derechos sexuales y reproductivos”, precisaron en el comunicado.
Insistieron en que la explicación pública del Gobierno en contra de la actuación del Ministro, “habla muy mal de las razones tenidas en cuenta en su designación. Pero lo principal aquí son los derechos de la persona, que están en juego en un caso que ostensiblemente muestra la vulneración de los mismos por parte de un ministro y, al parecer, de un juez”.
“La Legislatura entrerriana deberá analizar además, adecuadamente, si la actuación del magistrado –que no parece atenerse a derecho, en la interpretación del art .86 que realizan el Estado nacional y el Estado provincial en sus políticas de salud, y que la propia Corte Suprema de Justicia avala, configuraría un causal para su posible juicio político, en la medida en la que ‘es el Poder Judicial el que debe valorar y expedirse sobre la existencia del delito de violación, como requisito esencial previo que dispararía sí el procedimiento terapéutico previsto claramente por la ley cuya procedencia está fuera de discusión’”, insistieron según reproduce Recintonet.
Reclamaron además que se preserve a la niña, incluyendo la no divulgación de datos sobre la menor y la situación que atraviesa, lo cual viola las leyes Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la ley Nº 26.485 Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las violencias Contra las Mujeres”.
