Lejos de apagarse la disputa dentro del propio Gobierno en torno a la situación patrimonial de unas 100 mil hectáreas de dominio público que fueron apropiadas irregularmente por privados en el Delta, la polémica sigue, y promete avivarse.
Tanto la Fiscalía como la Secretaría de la Producción cargan las culpas sobre la Dirección de Catastro, que en los últimos años habría registrado parcelas a nombre de particulares que, en realidad, son del Estado.
La responsable de Catastro, María Emma Danuzzo de Labriola, reaccionó: lo único que hace el organismo a su cargo, aseguró de modo público, que es “un simple acto administrativo”.
En realidad, la relación entre el fiscal Rodríguez Signes y Danuzzo de Labriola es tirante: el martes, durante una exposición de ambos en la Cámara de Diputados para aclarar sobre el tema, hubo una fuerte discusión.
La titular de Catastro relativizó la responsabilidad del organismo en la apropiación de tierras fiscales por parte de particulares, y aseguró que “el juez es quien está otorgando dominio a particulares por gestiones que se realizaron hace más de 20 años. Entonces no veo, por qué éste es el momento para que salga a la luz este tema”.
Y agregó, a modo de réplica al fiscal: “Nosotros no entregamos tierras a particulares, porque la Dirección de Catastro lo que hace es un simple acto administrativo y yo no soy nadie para restringir el derecho de nadie. Así está establecido en el Código Civil”.
Pero la respuesta no tardó en llegar.
“Es cierto que Catastro no da el título de propiedad, hecho que lo da el contrato de compraventa. Lo que sí es cierto es que en el juicio de usucapión por prescripción adquisitiva hay dos documentos que constituyen prueba de la posesión: uno es el plano de mensura, que lo da Catastro; y el otro es la boleta de pago de impuestos, que se da porque antes Catastro aprobó el registro”, subrayó Rodríguez Signes.
“Yo tuve una discusión pública en la Legislatura, porque ella dice que obró de acuerdo a la ley. Yo le respondo que no obró conforme a la ley. Obrar conforme a la ley significa que si alguien le pide que registre un plano de mensura de una parcela en las islas del Delta ese pedido debe ser rechazado porque estamos hablando de tierras que son de dominio público. Eso, además, es lo que recomienda el dictamen de la Fiscalía ante un planteo particular de un caso en el departamento Gualeguay”, aseguró.
Ese dictamen se constituyó en un freno a la registración de títulos por particulares en tierras fiscales, aseguró, y hay interés en la Legislatura que los argumentos de ese documento sirvan de fundamentos para una ley que regule en la materia.
Pero al margen de esa discusión entre distintas reparticiones del Estado, el Gobierno piensa avanzar en la regularización de la situación en las islas del Delta, 190 mil hectáreas de dominio público de las cuales aproximadamente 100 mil han sido apropiadas por privados para desarrollar allí actividades ganaderas.
Un primer paso será sobrevolar la zona, tarea a cargo del fiscal de Estado y el Escribano Mayor de Gobierno. “Esas 190 mil hectáreas son indiscutiblemente de la Provincia –-aseveró Rodríguez Signes—, y el vuelo por la zona tiene por objeto detectar bien los terrenos. En el caso que veamos ocupantes, vamos a hacer uso de la fuerza pública si estamos frente a una usurpación, que es delito. Y si vemos que hay una situación discutible, que hay un emprendimiento, vamos a plantear las demandas de desalojo”.
“Esa es la primera fase”, anunció, en diálogo con EL DIARIO. “La otra fase –completó— será analizar en qué situación los títulos de las parcelas que han sido transferidas a particulares siendo de dominio público. Inclusive, habrá que hacer una revisión de la situación fiscal, porque hay muchos que no pagan impuestos. La facultad de la Provincia para tomar posesión de esas tierras es irrenunciable. No hay posibilidad de que haya derecho adquirido sobre tierras que son públicas”.
“No puede haber invocación de derechos, porque son de dominio público”, argumentó el fiscal.
Qué hay, qué falta
En el Delta, la Provincia de Entre Ríos posee un total de 190 mil hectáreas, distribuidas en los departamentos Diamante (1.200 has), Victoria (132 mil has), Gualeguay (45 mil has), Islas (7.500 has), La Paz (1.800 has), Paraná (1.000 has) y Uruguay (1.500 has).
Claro que no toda esa extensión de territorio sigue bajo el dominio público, sino que en los últimos años empresarios ganaderos de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe se han ido apropiando de vastas extensiones de tierra, amparados en huecos de la legislación.
Un informe que realizó la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, hay 50.507 hectáreas apropiadas por particulares.
Y en el departamento Gualeguay, de dominio público son 45 mil hectáreas, pero por alguna razón los parcelamientos que han efectuado agrimensores involucran 58.500 hectáreas. La situación, a juicio de Juan Carlos Flematti, titular de la repartición, “hace superar en 18.500 las hectáreas mensuradas respecto de la superficie de los bienes inmuebles. De los 70 predios propiedad del Superior Gobierno, 56 de ellos se encuentran mensurados con la finalidad de adquirirlos por prescripción adquisitiva”.
Fuente: El Diario.
