Redengas primero se negó a suscribir, en el Ministerio de Trabajo, el acuerdo por aumento salarial, condiciones de trabajo y aumento de personal que permitiera brindar un mejor servicio.
Luego impulsó un amparo para obligar a los trabajadores en conflicto a volver a sus puestos de trabajo, cuestión que no prosperó ya que la Cámara laboral desestimó dicho pedido por vulnerar centralmente el artículo 14 bis y todas las normas que garantizar el legítimo derecho a huelga.
No satisfechos, los directivos de la empresa impulsaron denuncias penales contra todos los trabajadores y dos miembros de la Comisión Directiva de APJ GAS (organización sindical que representa a los trabajadores) en una clara judicialización de una protesta gremial.
“Una actitud irresponsable al acusar a los compañeros de violar el artículo 194 del Código Penal (entorpecimiento de vías terrestres y servicios) por el sólo hecho de manifestar con bombos y cornetas en la esquina de la empresa. Es decir, la firma Redengas le hizo perder tiempo, recursos humanos y técnicos y demás costos al fuero penal de la provincia y por ende a todos los ciudadanos, para atender una denuncia tan falsa como grave”, expresaron.
El juez a cargo de instrucción, Humberto Franchi dictó sentencia hace un año en esa primera instancia resolviendo el sobreseimiento de todos y cada uno de los compañeros injustamente denunciados por Redengas S.A. y emplazó a la firma a asumir las costas del juicio. “Claramente se desprende del fallo la evidente maniobra de la empresa de negar el derecho constitucional de huelga por la vía en este caso de una imputación penal”, indicaron.
Redengas S.A. además de “mentirle a la sociedad, de atacar a los trabajadores en sus derechos más esenciales, sigue al día de hoy brindando un mal servicio a los usuarios, tiene nuevos trabajadores sin estabilidad y con niveles de precariedad laboral que significan un retroceso por relación a un año atrás, tardó más de un año en empezar a ‘resolver’ los problemas de facturación y provocó nuevos disgustos para los habitantes de Paraná”.
Los organismos de control, como los de gobierno de la Nación y la Provincia “deben hacer esfuerzos por salvaguardar ante todo los derechos de los usuarios y de los trabajadores, frente a grupos de poder que los vulneran cotidianamente”.
“Es evidente, en firme, que Redengas mentía. No es gracioso, ni divertido. Es una buena noticia con sabor amargo. Porque llegado a este punto, los ex trabajadores despedidos con falsas causas tendrán con este fallo la oportunidad de reclamar lo que les corresponde. Pero todo esto llega luego de que la empresa perdió a sus trabajadores más experimentados, destruyó la lectura y facturación, y degradó un poco más el servicio público que presta”, señalaron.
Por último, la APJ Gas analizará en los próximos días sobre las posibilidades de accionar en la justicia contra la firma Redengas y sus directivos.
