Los sistemas de seguridad social, y en particular la protección previsional, componen unos de los dispositivos de mayor complejidad entre los procesos de transferencias de recursos y políticas sociales. Los sistemas previsionales tienen, como principio general, el objetivo de cubrir la mayor cantidad posible de beneficiarios, con haberes lo más altos posibles, en el marco de una restricción presupuestaria. Para lograr estos objetivos de maximizar coberturas, haberes y recursos, es obviamente necesario llegar a soluciones de equilibrios entre sí.
Durante casi dos décadas, al no encontrar ese equilibrio razonable, el sistema fue llevado a una crisis tremenda. Por supuesto, acompañado por la incapacidad de dar respuestas a los problemas serios que produjo la desprotección social. Hubo más preocupación de los gobiernos en priorizar las recetas impuestas por el FMI que el proceso de exclusión de millones de argentinos del sistema previsional.
No caben dudas, que desde el 2005, hay una clara política de inclusión al sistema previsional por parte del gobierno. 2.415.000 nuevos jubilados en la Argentina, con aumentos en términos anuales del 16,9%, que eleva hoy al mínimo jubilatorio a $1.091,50 con el subsidio del PAMI, implicando una inversión en Seguridad Social adicional de $14.200 millones, ocupando en el presupuesto nacional el 55%. Hace apenas cinco años, esto era una utopía.
Subrayemos, que desde el 2003, se duplicaron los gastos en seguridad social, pasaron del 5,5% de lo que producimos los argentinos en PBI a cerca del 12% de este año y, el haber mínimo de los jubilados aumentó siete veces. Por supuesto que esto no es lo ideal. A pesar de que el desarrollo previsional social se muestra sólido, (nuestro país está en niveles de cobertura como los países centrales y es el más alto de América latina), hay que seguir en una discusión seria y responsable para mejorar el sistema, para que sea sustentable y económicamente viable. No sólo para que el 13% de nuestros adultos mayores, que falta todavía jubilarse, ingresen al sistema sino, como se llega a que obtengan el 82% móvil y como se va a financiar las jubilaciones futuras de todos nosotros.
Algunos dirigentes opositores al gobierno, como Duhalde, Carrió, Macri, Pérez, Pinedo entre otros, (que paradójicamente se opusieron a la estatización de los Fondos de las AFJP, y nada han dicho de la gran estafa del grupo Clarín a los jubilados, que le significó una pérdida de 458 millones de pesos a sus recursos), hoy plantean que “son los aportes de los trabajadores la que financian los haberes de los jubilados”. Esto es falso y demagógico. Para hacer frente al haber jubilatorio, al ANSES le ingresa un porcentaje que ronda entre el 55 y el 60 por ciento del total. Lo cierto, es que el 40 por ciento adicional, se tiene que hacer cargo la sociedad en su conjunto, a través de impuestos.
Lejos está la mayoría de la gente de conocer las debilidades de los pilares múltiples del desarrollo previsional social, pero si vislumbra claramente, que plantear el 82% móvil como si fuera producto de una ecuación económica solamente y, no ir hacia una profundización de reforma estructural que logre asegurar recursos para que haya haberes dignos después de haber aportado toda su vida, es oportunismo político.
El 82% móvil, aparece en la vida de los argentinos hace poco más de cincuenta años, después de un proceso de industrialización, de pleno empleo, de distribución del ingreso. En el cual pareció razonable exponer: un trabajador que pasa a la vida pasiva, descontándole los aportes que hacía como activo, le queda el 82%. Y es lógico, porque el haber sustituye el salario y que el haber que está cobrando seguirá siendo el ingreso que tenía antes.
Por lógica reflexión, si estos dirigentes preocupados hoy por los ingresos de los pasivos, que la peste del olvido les borra la memoria muy seguido, quieren honrar al jubilado que ellos mismos han degradado cuando les tocó gestionar, tienen que marcarse desafíos racionales y prudentes. En quince días, cuando en Diputados discutan este tema, sería muy interesante que los argentinos escuchen en el debate, como se mejora la administración de los fondos heredados de la AFJP, en el sentido de invertir en la actividad productiva para generar más empleo, única forma para seguir pagando a los jubilados. Este sistema está financiado por 1,5 trabajador activo por 1 pasivo, cuando estudios serios realizados cuando quebró el sistema provisional en la Argentina, decía que se necesita 7 activos por cada jubilados para que haya un haber igual al 82%. Por otra parte, que en ese debate se planteen como reducir la informalidad laboral.
Duhalde, Macri y De Narváez, podrían dar una “manito” en este tema. Por ejemplo, deberían exigirle Hugo Biolcatti, (recientemente anfitriones de él en la Sociedad Rural) reducir el 75% de trabajadores “en negro” que tienen el sector que el representa, para mejorar los recursos.
Hay una cuestión que es clara, si estos recursos hubiesen estado en manos de las AFJP, (como ellos lo querían), esto no se estaría discutiendo, ni existía como posibilidad. Esto existe desde el momento en que el gobierno de Cristina Kirchner dispuso la estatización de estos fondos.
