Se trató de una acción conjunta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Mides (Utmides) y el Sindicato Único de Trabajadores Gremiales y Afines (Sutiga), cuyos participantes utilizaron vestimenta de luto y se movilizaron en una especie de entierro simbólico.
Para la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides) hay una clara definición del actual gobierno de derivar las políticas públicas en materia de desarrollo social hacia empresas. “La semana pasada escuchábamos a nuestro ministro (Martín Lema) decir explícitamente que un supermercado iba a contratar a población Mides y que eso no le iba a insumir al Mides ningún recurso. Entonces la pregunta es ¿por qué esto debería ser considerado como una política social?¿Qué es lo que estamos haciendo como Estado?¿Supliendo al Gallito Luis? Nadie niega que es muy importante la inclusión laboral de las personas. Pero hay que tener en cuenta los componentes, los objetivos, cómo se miden, quién accede y quién no accede a esos puestos de trabajo que se supone el Estado es quien estaría facilitando”, dijo a la web del Pit-Cnt la dirigente sindical Lucía La Buonora.
Recorte y supresión
Entre los programas recortados o suprimidos se encuentran el denominado Canasta Básica que se proponía facilitar el acceso de población en situación de vulnerabilidad socioeconómica a una canasta de servicios básicos (electricidad, luz, gas) en forma adecuada, promoviendo una cultura de uso eficiente y seguro de los recursos.
También se encuentra en esta situación el programa de Asistentes Personales destinado al cuidado y la asistencia personal para las actividades de la vida diaria de personas en situación de dependencia severa.
Sostienen que se discontinuó la formación de asistentes personales, impidiendo de esta manera la capacitación del personal, “hecho que atenta contra la calidad de la atención y contra las fuentes laborales”. Además, no hay ingresos al programa desde septiembre de 2020.
Señalan que en noviembre finalizará el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat), el último gran programa de territorio y el más antiguo, ya que fue instaurado en 2005 y se encargó de enlazar al Ministerio con todo el territorio nacional.
Solo con ese programa se pierden 150 puestos de trabajo directos a nivel nacional, pero es más difícil de evaluar el impacto que tiene en la población a la que van destinados estos servicios.
Afirmaron que durante el último año y medio “hemos sido testigos de cómo las autoridades cierran programas y quitan recursos sin generar líneas de trabajo claras, afectando la calidad de los servicios”.
Tras recordar que a consecuencia de la pandemia hay más de 100.000 nuevos pobres subrayan que “las trabajadoras organizadas, no podemos ser meras observadoras de esta situación”.
La secretaria general de Utmides, Lucía La Buonora, afirmó que lo que ocurre en el Mides no son cambios en la gestión, sino en los contenidos de políticas públicas.
La invitación del sindicato, no obstante, es que este duelo simbólico se transforme en lucha en la calle.
