El pedido de información oficial es constante desde los distintos sectores y a través de los diversos canales. Poco más de un mes atrás, el senador Guillermo “Pemo” Guastavino solicitó al Gobierno Nacional que se exprese sobre la nueva UPM que se está radicando en la República Oriental del Uruguay.
Fue el 24 de abril cuando el Senador planteó la necesidad de conocer “si el Gobierno de la República Oriental del Uruguay ha informado sobre la construcción de una nueva pastera sobre el Río Negro, afluente del Río Uruguay. La solicitud fue presentada por Guastavino y acompañado por los senadores Miguel Ángel Pichetto, Sigrid Kunath, Carlos Espínola, Dalmacio Mera y Mario Pais.
En los argumentos del pedido, esgrimieron que “ya en el año 2016, cuando comenzaron los rumores periodísticos sobre la construcción de una nueva planta productora de pasta de celulosa –que luego serían confirmados por el Presidente Tabaré Vázquez-, presenté un pedido de informes sancionado el 7 de septiembre de 2016. A la fecha, dicho pedido no tuvo respuestas”, fundamentó Guastavino. Pero este pedido realizado en abril corrió la misma suerte, porque tampoco fue respondido.
Semanas después, fue la Municipalidad de Gualeguaychú, con el intendente Martín Piaggio a la cabeza, quienes solicitaron datos oficiales sobre la instalación de la pastera. Fue el 8 de mayo cuando el Presidente Municipal acompañado por el viceintendente Jorge Maradey, el secretario de Desarrollo Social y Salud Martin Roberto Piaggio, la directora de Ambiente Susana Villamonte, el abogado de la Asamblea Ambiental Fabián Moreno Navarro, el asambleísta Mario Bermúdez, y autoridades de Cancillería y la CARU, quienes viajaron a Cancillería y plantearon la inquietud de acceder a información.
En la oportunidad, solicitaron que se informe sobre qué postura “asume el Gobierno argentino frente la instalación de un emprendimiento altamente contaminante como lo es una planta de producción de pasta de celulosa en la cuenca del Río Uruguay”.
Al día de la fecha, Cancillería nunca envió información sobre UPM2. El organismo debería enviarla a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) o a través de la Delegación Argentina (D.A.C.A.R.U.).
La semana pasada, desde el Municipio enviaron dos notas: una a Cancillería y otra a DACARU solicitando “intervención urgente” ante la aprobación del estudio de impacto ambiental de UPM 2 por la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya (DINAMA), pero tampoco se ha recibido respuesta.
La situación en Uruguay
Las organizaciones sociales de la ROU criticaron abiertamente la “intromisión” de UPM en la educación. Los portales informativos del país vecino reflejaron el reclamo de los ambientalistas y explicaron que “la multinacional UPM, a través de su fundación, promueve actividades educativas y emprendimientos en más de 150 ‘comunidades de influencia’ de la empresa en el interior del país. Hasta el momento se ejecutaron 23 proyectos de educación y emprendedurismo en siete departamentos del país, en conjunto con organizaciones sociales y referentes locales”.
Para los ambientalistas movilizados “estos proyectos implican una intromisión de la empresa en la educación, destinada a cooptar voluntades, tanto de educadores, educandos y población en general, con la anuencia de las autoridades de la enseñanza.
Asimismo, el portal Montevideo informó que “los colectivos critican la cláusula 3.6.4 del acuerdo ROU-UPM para la instalación de la nueva planta de celulosa, que prevé la injerencia de la empresa en los planes de educación futuros. En esta cláusula, titulada Educación, Uruguay se compromete a organizar y financiar la mejora de las universidades técnicas (UTU), principalmente de Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó, para mejorar su capacidad de brindar instalaciones y recursos educativos con respecto a las disciplinas mecánicas, de instrumentación y eléctricas”.
