Lejos de alcanzar el quórum pero con un reclamo unificado, la Comisión de Legislación Penal se reunió hoy para exigir la derogación de la Ley Antiterrosta, a raíz de al menos tres casos de “represión” de la protesta social y de la “extorsión” a un periodista santiagueño.
El cuerpo que preside Patricia Bullrich (Unión Pro) apenas logró reunir a cinco legisladores, más otros cuatro que no lo integran, pero que también presentaron proyectos para dejar sin efecto la norma sancionada en diciembre de 2011, en un tratamiento que tildaron de “exprés”.
Los diputados lamentaron la ausencia del oficialismo en la reunión y coincidieron en que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “nunca pidió la ley” que envió el Poder Ejecutivo bajo el pretexto de combatir el lavado de activos.
Al abrir el encuentro, Bullrich consideró que se trata de “un tema de mucha importancia política” y recordó que la Ley Antiterrorista fue utilizada para “espiar” manifestaciones sociales a través del llamado “Proyecto X” y también para imputar al periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, por publicar un video de un policía agredido por otros dos.
En este sentido, la macrista pidió “tener un orden democrático y no leyes que permitan un orden represivo”, y denunció que la norma “es un instrumento contra la libertad de expresión”. “Su utilización nada tiene que ver con lo que discutió el oficialismo en ese momento”, indicó.
A su turno, Laura Alonso (Unión Pro) añadió que la ley en cuestión también se aplicó sobre el líder de la comunidad quom, Félix Díaz, y enfatizó que “no fue sólo pensada para criminalizar las protestas, sino también para recortar libertades”.
“No existe un solo registro de que el GAFI le haya pedido al Poder Ejecutivo aprobar una Ley Antiterrorista”, advirtió, y destacó además que “sectores tan distintos, como el diario La Nación, el CELS, ADEPA, la SIP, Carta Abierta y FOPEA están de acuerdo” en rechazar la norma.
Por el GEN, Margarita Stolbizer señaló que “la ley tiene su explicación en un contexto de represión de las protestas sociales” y precisó que “más de cinco mil personas fueron sometidas a procesos judiciales por haber participado de reclamos” de este tipo.
Asimismo, consideró que la norma es “de una vaguedad muy peligrosa”, ya que fija agravantes para los delitos que hayan sido cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población”. También indicó que el párrafo agregado a continuación, que exceptúa los casos de “ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”, es “meramente retórico”
El macrista Pablo Tonelli apuntó que ese artículo, el 41 quinquies del Código Penal, corresponde a un “tipo penal abierto” y “amplio” que da lugar a “un mayor margen de interpretación” por parte de los jueces.
En tanto, Manuel Garrido (UCR) coincidió en que la redacción de la ley es “vaga”. “Personajes como Sergio Berni pueden descalificar a los jueces”, disparó, y agregó que el caso de Juan Pablo Suárez “puede ser el primero de una cadena de casos escandalosos”.
“La realidad nos ha dado la razón”, sentenció el radical, quien recordó que “el Gobierno intentó lavarse la cara con un proyecto que el GAFI no pidió”.
Victoria Donda (Libres del Sur), vicepresidenta segunda de la comisión, reconoció que la utilización de la ley con esos fines “no sorprende” porque “la votaron sin ningún titubeo”, mientras “los actores financieros han sido beneficiados en los últimos años más que ningún otro sector de la economía”.
Además, la diputada advirtió que los proyectos para regular la protesta social, que comenzó a estudiar la Comisión de Asuntos Constitucionales, “también son para procesar a quienes molestan al Gobierno” a través de “tipos penales amplios”.
Por último, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) denunció que “la izquierda, los trabajadores y los sectores populares son los que más sufren” la aplicación de la Ley Antiterrorista, con “200 procesados” de su partido. “Cuando los trabajadores se manifiestan, los tratan de delincuentes”, lanzó.
De la reunión también participaron los massistas Oscar “Cachi” Martínez y Gilberto Alegre, y la radical Gabriela Burgos. También asistió Néstor Pitrola (FIT), quien no pertenece a la comisión, además de Miriam Bregman, denunciante del “Proyecto X”.
