FUNDAMENTOS
La decisión adoptada obedece a la necesidad de denunciar el accionar que consistió, fundamentalmente, en determinar que la Junta Electoral Nacional que integran, con la disidencia de Gustavo Zonis, desconociera y tornara de imposible cumplimiento la resolución de la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad electoral del país, por la que se habilitaba la oficialización de las boletas del Frente Progresista Cívico y Social. De esta manera, la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos violentó disposiciones expresas de la legislación electoral vigente y configuró un cuadro de notable confusión y desconcierto en la ciudadanía a pocas horas del comicio.
La Cámara Nacional Electoral, dos días después de las elecciones, consumada la irregularidad que denunciamos, nos dió la razón y llamó severamente la atención de la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, puntualizando, entre otras graves consideraciones, que «se apartó sin fundamento de la jurisprudencia claramente aplicable» y que «lo sentenciado por la Cámara… se tornó de imposible cumplimiento por la negativa de la Junta Electoral…, sin dar razones para apartarse de la jurisprudencia reseñada».
Como resultado del accionar de la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, se votó el pasado 23 de Octubre en un escenario manifiestamente irregular, lo que adquiere una enorme gravedad institucional.
PARA NO MEZCLAR…
La UCR a su vez aclara que, “la decisión de impulsar el juicio político no pretende en absoluto constituir la explicación central del resultado electoral, del que nos hacemos cargo, ni afectar la legitimidad de los gobernantes electos. Sin embargo, es nuestra obligación política y moral denunciar la conducta de las magistradas cuestionadas; no hacerlo constituiría una falta grave de nuestra parte, y nos haría de alguna manera cómplices de una intolerable irregularidad” destacan.
MENCIONAN SU POSIBLE PARTICIPACIÓN EN TIEMPOS DE LA DICTADURA
Por otra parte, no podemos concebir que en una grave situación institucional como la que se encuentra el Poder Judicial de la Provincia a causa de su Presidente, que debe ser investigada si le comprenden las inhabilidades horrendas del art. 6 de la Constitución Provincial, esto es, si habría sido partícipe con dictámenes del gobierno de facto y denunciada por no cumplir la ley, se concreten los rumores de que el Gobernador Sergio Urribarri incidiría en su designación una vez más como Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, como compensación de los favores prestados.
Reclamamos al Poder Ejecutivo no inmiscuirse en el Poder Judicial y a éste que no envíe a la sociedad, un mensaje de indulgencia desapropiada en un momento en que la justicia necesita ser creíble con un Poder Judicial legitimado.
